Limitación a la libre circulación ciudadana

Las grandes experiencias de marchas, manifestaciones, protestas y bloqueos que se producen en diferentes partes del país y que obstaculizan la libre circulación de personas y automotores ocasionando graves perjuicios y causando serie de molestias a la colectividad, parece que no fueron suficientes para el Gobierno que, en actitud previsora de extrema precaución, ha decidido poner rejas u obstáculos en diferentes arterias de la plaza Murillo donde se encuentran tanto el Palacio de Gobierno como el Poder Legislativo.

La medida, extraña desde todo punto de vista y contraria a elementales principios de respeto que merece la colectividad, muestra que habría miedo, temor o excesiva precaución para que no se ingrese al mismo centro de la ciudad que, además, tiene como monumento religioso a la Catedral. La disposición es doblemente extraña porque se levantaron las rejas “para impedir que los discapacitados que reclaman un bono de 500 bolivianos ingresen a la Plaza Murillo”. A ningún ciudadano se le pasa por la mente que los discapacitados puedan ser un peligro para el Gobierno que está debidamente resguardado por soldados que portan armas al margen de la Policía que está en cada lugar de ingreso a la plaza.

Se dice que la medida fue dispuesta “en resguardo de los mismos marchistas para que no sufran daño alguno y evitar enfrentamiento con los policías”. ¿Qué daño podrían causar los discapacitados al ingresar a la Plaza Murillo? ¿Es que se cree, tal vez, que portan armas de gran calibre y que podrían causar daños al Palacio y a sus ocupantes? Los marchistas, que se sepa, apenas se sostienen muchos de ellos en sus muletas y bastones, y algunos en sillas de ruedas ¿podrían actuar de francotiradores o guerrilleros para causar daño al Gobierno? Hay preguntas que nadie podría responder. Efectivamente en todos los regímenes de gobierno, ante manifestaciones que podrían alcanzar contornos peligrosos, la Policía ha impedido el ingreso a la plaza y evitado que los manifestantes se acomoden en ella; pero el caso de los discapacitados tiene contornos muy diferentes.

Por elemental sentido de prudencia, tino, respeto y consideración se debe pensar que es imposible que personas con discapacidad física pudiesen cometer atentados contra el gobierno. Se sabe que piden un bono de 500 bolivianos para la atención mínima de sus necesidades y lo hacen, además, convencidos -como todo el pueblo- de que si hay dinero para excesos en gastos fastuosos, deberían existir los medios necesarios para atender a un sector que no puede valerse por sí mismo o, si algunos podrían trabajar, no lo hacen porque tienen limitaciones y también porque no hay puestos de trabajo ni en la actividad pública ni en la privada.

La libre circulación de la población no debe ser restringida en ninguna forma y los obstáculos que muchas veces surgen -con los bloqueos, por ejemplo- deben evitarse para no causar perjuicios a la población ni resulten peligrosos para la colectividad que busca vivir en paz y armonía. El Gobierno, si quiere, puede evitar trincheras y enrejados que lo dañan a él mismo y lastiman a la colectividad porque son medidas injustas y contraproducentes.