Usar dinamita es atentar contra derechos humanos

El Gobierno, en extraña actitud, y como “homenaje al trabajador”, ha decidido anular el decreto que prohibía, terminantemente, el uso de dinamita en manifestaciones de cualquier naturaleza por ser medio que atenta contra la seguridad y vida del ser humano; además, porque la dinamita es utilizada solamente en minería y en grandes obras de infraestructura como apertura de caminos. La disposición permite ahora que todas las organizaciones sociales que realicen marchas, manifestaciones, protestas de cualquier naturaleza puedan utilizar dinamita para respaldar sus exigencias.

La medida ha sido tomada por la colectividad como lo más extraño ocurrido hasta ahora en la historia del país, porque implica que quienes estén en desacuerdo con el Gobierno o con cualquier institución puedan utilizar la dinamita como medio de presión hasta conseguir sus objetivos. Todo muestra que, para aprobar la disposición, no han pesado la seguridad y tranquilidad de la población, la integridad y vida de las personas y la misma vida de quienes manejan tales artefactos, puesto que, en el mismo día de la aprobación indebida, un portador de dinamita ha muerto luego de haber sufrido graves heridas.

El derecho de protestar, reclamar, pedir, exigir el cumplimiento de determinados derechos a las autoridades no justifica, en modo alguno, que se utilice armas o medios de presión como es la dinamita, artefacto que, en síntesis, sirve para destruir y para matar. La dinamita debe ser utilizada en obras pacíficas y que sirvan al ser humano; no para destruirlo, herirlo o matarlo. El uso de armas está limitado a entidades o instituciones determinadas por ley, como son las Fuerzas Armadas y los cuadros de la Policía; nadie más debería utilizar armamento de ninguna clase y la dinamita es, un arma potencial que puede matar a muchas personas y destruir todo lo que se encuentre en el punto de su estallido.

Muchos son los casos que se muestra, como ejemplo, en la vida nacional, y mucho más en el campo de trabajadores de las minas y del campo que han sido víctimas de la dinamita: unos por su utilización dentro de los socavones, otros por accidentes al manipularla y, muchos por utilizarla en festividades y jolgorios que, al calor del alcohol, han hecho explotar con graves consecuencias que los mismos autores tuvieron que lamentar. En ciudades, cantones y en especial en centros mineros, se ve a personas discapacitadas que viven las consecuencias del uso indebido del explosivo.

El que por una disposición gubernamental haya uso indiscriminado de dinamita no es más que irresponsabilidad y serio atentado a los derechos humanos, porque no se respetará la vida ni la seguridad ni tranquilidad de las personas. En resumen, toda la población estará supeditada y temerosa a que, en cualquier momento, surjan quienes hagan explotar dinamita sin importar las consecuencias. El Gobierno, por propia responsabilidad y respeto a la vida humana, debería anular su disposición.