Cumbre judicial, ¿otro embuste?

En el ejercicio específico de sus funciones, el Supremo Gobierno ha habituado a la ciudadanía a regir su conducta mediante actitudes en gran parte poco explicables y hasta carentes de credibilidad, por sus bases de dudosa aceptación general, como la muy curiosa convocatoria -mediante el Ministerio de Justicia- a una Cumbre Judicial, interfiriendo y despojando de una atribución básica y fundamental a otro Poder del Estado, que es el denominado, ahora, Órgano Judicial.

En principio parecería un “mea culpa”, por cuanto fue el propio Gobierno que, con una interpretación muy sectariamente partidista de la Constitución Política del Estado, procedió, a su manera, a organizar el Órgano Judicial, mediante la elección de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura, en el año 2011, posesionando - pese a la negativa absoluta de la ciudadanía en dichos comicios electorales- a profesionales allegados, en su totalidad, al partido político de Gobierno, para posteriormente, y esto es hasta risible, darse cuenta -la cúpula gubernamental- que dichos tribunales eran un fracaso, señalándolo con expresiones muy duras, tanto del Sr. Presidente, como del Sr. Vicepresidente.

Es obvio entender que dichos magistrados, en tanto no sean removidos conforme a ley, continúan en sus funciones, y dentro de sus obligaciones pertinentes, obviamente estaría el de organizar eventos como el señalado. De otra manera, al no tenerlos en cuenta, y por el antecedente de la calificación de que fueron objeto, por una ética elemental y respeto a sus personas, sólo cabía la renuncia a sus cargos, aunque tal conducta es muy poco conocida en el elemento afín al partido de gobierno.

Seguramente muchos participantes de la Cumbre Judicial, en su buena fe tienen estudios y ponencias muy interesantes, no lo dudamos. Empero, lo fundamental para dudar de algún éxito en esta reunión, estriba en el hecho, inocultable para la ciudadanía, de que el Órgano Ejecutivo interviene directa o indirectamente en las funciones de los órganos Judicial y Legislativo, así como en los Tribunales Constitucional y Electoral, cumpliendo lo que el propio Jefe de Estado manifestó, luego de las elecciones del año 2005, “tenemos el gobierno, pero no el poder total”, en una confesión de evidente negativa a una existencia real de democracia, cuyo éxito y situación fundamental de esta forma de gobierno, se basa en el elemental y básico mandato constitucional de la independencia de los poderes de todo Estado Democrático, desconocido en nuestro país.

De existir en el Gobierno la intención seria y correcta de encarar realmente el problema de nuestra justicia, dándole el prestigio que función tan delicada ejerce, sería un enorme y gran logro; empero, por lo observado en el transcurso de esta década de gobierno masista, resulta una quimera muy dudable que tal situación se haga realidad. ¿Cómo esperar una solución a la crisis de la justicia boliviana, de parte del Gobierno, si su conducta siempre ha sido extremadamente sectaria? Cumbre Judicial, otro embuste más que la ciudadanía debe soportar. Qué buen ejemplo nos da el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público en la vecina República de Brasil, da envidia.