• Audiencia del abogado Eduardo León fue postergada para esta tarde
En audiencias separadas, ayer se determinó la detención preventiva en el penal de Obrajes para Pilar Guzmán, autodenominada “tía” de Gabriela Zapata, quien pasó la noche en celdas policiales y la audiencia de los abogados fue suspendido para esta tarde.
La fiscal Mariana Montero, a denuncia del abogado del presidente Evo Morales, Gastón Velásquez, imputó a Guzmán, León, Williams Sánchez y Walter Zuleta por los delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y engaño.
Pese a que se han observado las detenciones ilegales por parte de la Fiscalía, ayer, en audiencias separadas dos tribunales, determinaron la detención de ambos debido presuntos riesgos de fuga y obstaculización que fueron avalados por los dos jueces.
Al ambiente enrarecido de las dos detenciones, ayer, uno de los abogados de Eduardo León, denunció persecución por parte de la Fiscalía de Distrito que minutos antes de otra audiencia fue informado que se lo pretendía implicar en el caso “Consorcio Ganam – Mendoza”.
LEÓN
En el marco de la misma denuncia, León fue aprehendido tras el fallo emitido por la juez segundo de la niñez y adolescencia, Jacqueline Rada, que declara la ‘inexistencia física’ del hijo de Gabriela Zapata, pese a que según el documento oficial, el niños fue reconocido por su expareja, el presidente Evo Morales, desde el año 2005, .
Por otro lado, León aseguró que esta denuncia emplea como prueba el fallo de Rada, siendo que no está ejecutoriada, señalando que también se basó en informes incompletos de la defensoría de la niñez y no se tiene análisis científico de ADN.
León informó en declaración informativa, que el día de la presentación del menor ante la juez Rada, no se encontraba en La Paz sino en Oruro y que responsabilizó al abogado William Sánchez de llevar ante la juez a un niño que no tenía relación con la edad cronológica del supuesto hijo de Morales.
“TÍA”
Antes de la audiencia de medidas cautelares, el abogado de Guzmán, José Gutiérrez, aseguró que “la señora Pilar Guzmán niega toda relación con haber llevado al niño, haber tenido al niño o haberlo llevado algún lado”, señaló el abogado Gutiérrez.
El jurista dijo que su defendida alegó que “vio a la señora Gabriela Zapata en una oportunidad acá en la ciudad de La Paz en estado de gestación, posteriormente, luego de unos meses, se traslada a la ciudad de Cochabamba y la ve a la señora Gabriela Zapata ya con un bebé en brazos y Zapata le dice que el bebé era el hijo del señor Evo Morales (…). Posteriormente ya crecido el niño nunca lo ha visto más”.
El abogado indicó que Guzmán se ratifica en todas sus declaraciones y además señala que sí, el supuesto hijo del Presidente existe, probablemente estaría junto a otra tía de Zapata.
Por su parte, el hermano de la señora Pilar, Rafael Guzmán, señaló que los testigos que dijeron que su hermana presentó al niño ante una jueza deben probar sus declaraciones porque la sindicada no ingresaba a los procesos sobre tratamiento del niño porque el mismo estaba con reserva judicial.
ACCIÓN DE LIBERTAD
Horas antes, ante la presión de los familiares y la denuncia de una detención ilegal en contra de León, el Tribunal Noveno se Sentencia instaló una audiencia de acción de libertad interpuesta por el abogado Rubén Maldonado que, sin embargo, concluyó en el rechazo de las mismas.
Maldonado criticó la determinación del Tribunal en sentido de que las autoridades permitieron la inasistencia de la Fiscalía que solo presentó un informe y tampoco permitió el acceso al cuaderno de investigaciones.
El tribunal fue presidido por Walter Fernández Cuentas y los jueces Genara Pérez y Javier Mamani.
Maldonado observó que la resolución de aprehensión y declaración de su defendido, se realizaron sin control jurisdiccional, porque la comunicación de inicio de investigaciones se hizo recién el 18 de mayo de 2016 a las 09.30 horas, cuando la aprehensión fue ejecutada el 17 de mayo. “La resolución de aprehensión no está fundamentada con suficientes indicios de participación en relación a los delitos imputados y la concurrencia de riesgos procesales”.
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