Funcionarios públicos, ¿al margen de la ley?

Un aspecto que el Gobierno, por su condición de ser legal, legítimo y constitucional, debió cuidar desde el inicio de su gestión en enero de 2006, es la institucionalización; es decir, cumplir con todos los lineamientos de la Constitución y las leyes en la conformación de sus cuadros de colaboradores. Lamentablemente, lo menos que se ha cuidado es este aspecto de vital importancia no solo para la seriedad del Estado sino para el prestigio y honorabilidad del Gobierno.

Altos cargos en la administración pública han sido ocupados por personas que han sido designadas “a dedo” por el Presidente de la República o por quienes ocupan funciones de ministros de Estado. Esos cargos debieron ser efecto de cumplir regulaciones claras y precisas de la ley; de otro modo, resultan ser funcionarios de facto o ilegales porque el interinato puede durar contados meses, tres a lo máximo, y al pasar de esos plazos se los puede considerar disponibles y sujetos a serie de restricciones.

El cumplir una función de empleado público debe ser -lo es en la mayoría de los países- una labor de honor y prestigio porque, se entiende, esas funciones son efecto de nombramientos surgidos conforme a disposiciones legales por parte del Poder Legislativo y en cumplimiento de contar con los méritos profesionales y de experiencia ampliamente respaldados y confirmados por disposiciones claras y terminantes. Los nombramientos “a dedo” con el simple pretexto de que “es más fácil y expedito cumplir una función desde posiciones designadas al azar y conveniencia de quien hace el nombramiento” no es legal ni pertinente ni conveniente para el propio Gobierno que, se entiende, al administrar el Estado debe hacerlo dentro de condiciones muy transparentes, honestas y responsables.

Quienes cumplen funciones por designaciones convenientes para un mandatario, su partido o su entorno, no están en los ámbitos legales y, por principio, deberían renunciar a esas funciones; pero, como se entiende en países pobres como el nuestro, “el ocupar una función pública es hacerlo debido a que no hay trabajo” y hay funcionarios que, sabiendo de su interinato, lo menos que hacen es cumplir debidamente las labores encomendadas y, en casos, pueden prestarse a cometer faltas contrarias a principios de honestidad y responsabilidad; en otras palabras, “aprovechar del cargo, dado el poco tiempo que durará el mismo”.

El Gobierno, preocupado ahora por la designación de Contralor, conforme a ley, debería preocuparse por institucionalizar los cargos de directores, presidentes de entidades públicas, autárquicas, semi-autárquicas y personal superior de ministerios; para ello, el Poder Legislativo debe cumplir la parte de responsabilidad que le corresponde, alejándose de recomendaciones, compadrazgos, amistades, nepotismos y otros que perjudican al Gobierno por el infinito daño que significa para el Estado.