Caso Zapata - CAMC

La ciudadanía de nuestro país fue sacudida con la información que dio el comunicador cruceño Valverde Bravo, sobre que el presidente del Estado Plurinacional había tenido un hijo con una joven de apellido Zapata, la misma que era funcionaria de una empresa china que tenía contratos con el Estado por 560 millones de dólares, para efectuar obras en varios rubros, desde construcción de carreteras, hasta la instalación de un ingenio azucarero, lo que a juicio del denunciante, constituía un tráfico de influencias y por supuesto un daño económico al Estado.

El asunto adquirió ribetes de escandalete, con declaraciones contradictorias de varios funcionarios de gobierno, ministros y asambleístas, en defensa de la figura del presidente, además de una errática conducta de la principal protagonista que rápidamente fue enviada a la cárcel, y que cada vez que se le permitía declarar, avivaba el caldero del caso, efectuando acusaciones y denunciando la participación de autoridades de gobierno, cercanas al presidente.

Llamó la atención que la justicia (si es que existe alguna en Bolivia) envió a la cárcel además de la que fuera pareja del presidente, a una funcionaria de nivel medio del Ministerio de la Presidencia y un chofer (seguramente porque éste tenía un importante poder de decisión), de otra manera no se entiende su encarcelamiento, pues el chofer cumple órdenes de sus superiores.

El caso que durante varios meses se convirtió en una suerte de telenovela mexicana, debeló dos aspectos, por un lado que evidentemente el presidente mantuvo relaciones con esa joven y tuvo un hijo, el mismo que según algunos habría fallecido y según otros estaría vivo, apareciendo en escena la jurisdicción que tiene que ver con los menores, la misma que rápidamente falló sobre la no existencia del menor.

Por otro lado se organizó una comisión camaral que investigó, también en tiempo breve, sobre el tráfico de influencias y los pormenores de las contrataciones, centrándose más bien, en si la empresa china CAMC había cumplido o incumplido los contratos, llegando a la conclusión que no había habido tráfico de influencias y menos del presidente, aunque siendo esa conclusión por mayoría oficialista, la minoría opositora emitió otra conclusión totalmente distinta.

Lo que nos interesa a los ciudadanos es si se ha producido un tráfico de influencias desde las altas esferas del poder político que afecte los intereses del país, con ingredientes de corrupción, pues llama la atención que una sola empresa, en este caso la CAMC, haya podido beneficiarse con contratos millonarios del Estado, en la mayoría con contratos de excepción, cuando en el mundo existen cientos de empresas especializadas en todos los rubros, que la tal empresa china abarcó.

En base a las informaciones sobre el asunto, y de los conocimientos que tenemos los bolivianos de cómo operan estas empresas para hacerse de contratos beneficiosos a sus intereses, inferimos que para obtener los contratos con el Estado, la tal empresa china se habría valido de influencias políticas, para lo cual empleó a la señora Zapata, ex pareja del presidente y con acceso a autoridades de gobierno, como se ha conocido, además esa señora operaba desde las oficinas del Ministerio de la Presidencia y que extrañamente no era del conocimiento de las autoridades de ese ministerio.

Si bien la comisión camaral oficialista, con gran entusiasmo determinó: “que no hubo tráfico de influencias” en los contratos del Estado con la CAMC, las recientes declaraciones del Ministro de la Presidencia, sobre que se habría montado un consorcio delictivo encabezado por la señora Zapata y algunos funcionarios o empleados del gobierno y terceros, entregando las pruebas a la fiscalía, para su procesamiento, echan por tierra las conclusiones de la comisión camaral oficialista, pues estas declaraciones y pruebas de que se hubiera descubierto de una organización delictiva para conseguir contratos con el gobierno del Estado, como fue el caso de CAMC y seguramente otros, determinaría que sí hubo tráfico de influencias, y en consecuencia los contratos firmados con esa y otras empresas por su origen ilícito y delictivo, estarían tachadas de anulabilidad.

En relación con el asunto de la existencia o no del hijo del presidente con la señora Zapata, resulta lamentable que siendo un asunto que atañe a dos personas, se le hubiera dado la dimensión de un asunto de Estado, con participación de altas autoridades de gobierno y de los tres órganos del Estado, lo que refleja el carácter personalista y caudillista del régimen, que en un asunto que incumbe a su persona, mueve a todo el aparato de poder estatal, el mismo que ahora persigue y atropella el derecho de los abogados defensores de la señora Zapata, que de acuerdo con la ética profesional, tienen que creer lo que sostiene su defendida, como un principio de la leal defensa.

Lo cierto es que la ciudadanía no sabe a quién creer, pues este asunto como otros, que debería ser ventilado en la justicia, la misma que ajustada a derecho resuelva los asuntos puestos a su conocimiento, pero al no existir una justicia independiente y con credibilidad, permite que se atropellen las leyes, las buenas costumbres y la moral púbica.

El autor es abogado y politólogo.