Primera parte
Guillermo Choque Aspiazu
En la serie de estudios de gestión pública patrocinados por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, se destaca el estudio realizado el año 2012 por los investigadores Concha y Naser titulado “Datos abiertos: Un nuevo desafío para los gobiernos de la región”, en el que se menciona que en los últimos años ha comenzado una verdadera revolución en materia de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. A esta revolución se la ha denominado “Open Data” o “Datos Abiertos”, la cual consiste en poner a disposición de la sociedad los datos de interés común de la ciudadanía para que, de cualquier forma, estos puedan desarrollar una nueva idea o aplicación que entregue nuevos datos, conocimientos u otros servicios que el gobierno no es capaz de entregar. Esta revolución ha generado un nuevo paradigma a través del cual el Estado ya no se encarga de generar todas las aplicaciones necesarias para los ciudadanos, sino que por el contrario, es la sociedad misma quien genera sus propias aplicaciones para sacar provecho a los datos que el Estado deja a su disposición. ¿En qué hospital público hay menos infecciones intrahospitalarias?, ¿Cuál de todos los colegios públicos tiene el mejor rendimiento escolar?, ¿En qué municipio existe el menor grado de delincuencia?, ¿Cuál de los municipios tiene la mejor calidad del aire?, ¿Cuál es la demanda de artículos de escritorio en los ministerios del Estado?. Como se aprecia, las consultas pueden ser muy simple y también de una gran complejidad, donde se requiere, necesariamente, cruzar datos para obtener cifras estadísticas, económicas, científicas, presupuestarias, entre otras. La información para contestar estas preguntas se encuentra escondida en algún rincón de una base de datos del Estado o en una carpeta en papel en una oficina pública. Entonces la pregunta es ¿cómo acceder a esta información?, pues bien, la respuesta se encuentra específicamente en lo que se conoce como “datos abiertos del gobierno”, que consiste en una iniciativa mundial de acceso a la información del Estado por parte de los ciudadanos.
El investigador Bron, en la obra publicada el año 2015 con el título “Open Data: Miradas y Perspectivas de los Datos Abiertos”, señala que hablar de datos abiertos es mucho más que un concepto o una creencia, es toda una filosofía y una gran práctica cuya finalidad es que determinados tipos de datos estén accesibles y sin restricciones para acceder a ellos. Son considerados como tales, todos aquellos datos accesibles y reutilizables que no requieren permisos y no presentan exigencias para llegar a ellos. Lo que sucede con los datos abiertos es algo similar a lo que sucede con el software libre, el código abierto, o el acceso libre. Lo que hoy se conoce como datos abiertos se refiere en general a fuentes de datos que históricamente han sido cerradas y que han estado bajo control de organizaciones, tanto públicas como privadas, y cuyo acceso ha estado restringido mediante diferentes tipos de limitaciones, licencias, derechos de autor o patentes. La referencia a datos abiertos está relacionada con diferentes tipos de material no documental que en tiempos pasados se encontraba a disposición de sólo unos pocos. Algunos ejemplos son los compuestos químicos, el genoma, y hasta la propia información geográfica, pasando por las fórmulas matemáticas y científicas.
Es necesario evolucionar, como indica García, en el artículo publicado el año 2014 con el título “Gobierno abierto: Transparencia, participación y colaboración en las administraciones públicas”, de un gobierno electrónico trivial, que simplemente traslada el modelo existente en la prestación de servicios públicos al modo electrónico, con las únicas ventajas para el ciudadano de la oportunidad horaria y ahorro de desplazamientos, al gobierno abierto, que aboga por un modelo abierto y participativo, en el que se solicita la colaboración de la ciudadanía, y se toma decisiones basadas en sus preferencias y necesidades. Para ello, los ciudadanos deben contar previamente con información pública que permita, al ciudadano, formar su opinión y emitir sus valoraciones, algo que puede posibilitarse gracias a los datos abiertos.
De Ferrari, en el artículo publicado el año 2012 titulado “Sociedad civil y gobierno abierto: La necesidad de un trabajo colaborativo”, menciona que los datos abiertos, hacen referencia a cualquier dato e información producida o comisionada por organismos públicos, y que cualquier persona puede usar para cualquier propósito. Para calificar la información de abierta, debe ser posible, tanto para el gobierno como para cualquier ciudadano, copiarla libremente, compartirla, combinarla con otro material, o re-publicarla como parte de aplicaciones Web, de manera que permita a los usuarios analizarla, representarla visualmente y comentarla, así como reutilizarla y presentarla en otros formatos. El propósito de las políticas de datos abiertos, como política pública, es que la información pública sea detectable y reutilizable, mejorando la accesibilidad y optimizando los recursos que se invierten en su sistematización y archivo. El uso de las tecnologías de la información debería permitir a las agencias gubernamentales la publicación rápida de los datos que generan así como su almacenamiento. En un sentido más amplio, una política de datos abiertos facilita, entre otras cosas, profundizar la comprensión pública de las actividades del gobierno, y que la ciudadanía pueda, a través de la reutilización de estos datos, elaborar herramientas que mejoren la calidad de vida en diversos ámbitos, como transporte, salud, seguridad, etcétera.
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