Extrema dependencia de fiscales y jueces

Conocido el procedimiento irregular con el que fueron detenidos Eduardo León y Pilar Guzmán, abogado y tía de Gabriela Zapata, respectivamente, siguieron medidas inusuales y arbitrarias en el escenario judicial del caso. La acción de libertad del abogado León estuvo rodeada de un sinfín de irregularidades, pero los jueces de garantías constitucionales debían cumplir lo predeterminado. No asistieron los fiscales asignados, sino otros, menos aún concurrió el querellante, abogado del presidente Evo Morales, el doctor Gastón Velásquez, quien había pedido el procesamiento de los 3 defensores de Zapata y de su citada tía, por el delito de trata y tráfico de menores.

Truculento en los anales de la Justicia pero real, es que en la audiencia de libertad se conoció que había mandamiento de aprehensión contra el defensor de León, el abogado Ricardo Maldonado, por haber sido involucrado en el consorcio de abogados Ganam-Mendoza, hecho curioso pero revelador de que a cualquier ciudadano se le puede inventar procesos o “sembrar” pruebas en su contra. Cosa que en el crítico estado actual de la Justicia del país no es novedad.

Previo al indicado acto, los accesos de los tribunales fueron copados por uniformados, impidiendo el ingreso de periodistas y ciudadanos, a despecho de que las audiencias judiciales tienen carácter público. Tampoco hubo imputación verbal del Ministerio Público, no se aportó la querella, ni el cuaderno de investigación, pese a los reclamos de León. No se necesita ser vidente para predecir el fallo, que como era de esperar negó el recurso de libertad interpuesto. De este modo se reconfirma que fiscales y jueces se prestan como ejecutores de las instrucciones impartidas por el Órgano Ejecutivo.

No se acierta a saber si la detención o la negativa de libertad fueron más ilícitas, pero ambas funestas para lo que sería un supuesto Estado de Derecho. La crisis no sólo abarca la falta de independencia de fiscales, jueces y magistrados, sino que éstos están dando pruebas de haberse convertido en órgano de persecución política con caracteres que superan con mucho todo antecedente anterior. La detención de Eduardo León contiene indudables sospechas de venganza por haber auspiciado picantes denuncias de corrupción como las del Fondo Indígena y por protagonizar constantes apariciones en los medios en el mismo sentido. Antes de su detención fue objeto de amenazas e inclusive algún ministro le habría advertido que “se jugaba la vida” en el proceso Zapata.

Los elementos de la querella y de la imputación fiscal se alejan abismalmente del presunto delito imputado de trata de menores, pero, al parecer, ante la inminencia de la presentación de evidencias sobre determinados sobornos en la adjudicación de millonarios contratos, se precipitó la aprehensión que nos ocupa y permanece pendiente la del resto de abogados del caso. Carece también de asidero jurídico que por el mismo supuesto delito, la tía o allegada de la actora principal haya terminado encerrada en el recinto carcelario de Obrajes. Es criterio general que su acción se limitaba a la atención y auxilio personal y doméstico de Gabriela Zapata, una asistencia humanitaria que no la comprometía en absoluto. Se trata de un nueva medida punitiva y de presión, con sabe Dios qué objetivos.