Hay empresas que no cumplieron normas

Parece extraño que se sostenga la existencia de empresas que están al margen de las leyes; hecho que perjudica gravemente al Estado y a una población pendiente de vivir realidades y que tiene necesidad de que la institucionalidad tenga vigencia plena en el país. Según análisis de Fundempresa, entidad privada concesionaria del Registro de Comercio en Bolivia, el año 2013 se estableció que 102.832 empresas que constituían el 83% de las empresas registradas en Fundempresa no lo hicieron en el Ministerio de Trabajo y ello dio lugar a que la Cámara Nacional de Industrias las califique como “invisibles”.

Conforme a disposiciones legales, es el Ministerio de trabajo que lleva un registro pormenorizado de las empresas habidas en el país no solamente con fines de supervisión para ver si cumplen con las leyes sino para atender los problemas laborales que pudiesen presentarse. Según los estudios de Fundempresa la mayoría de las empresas están en el rubro de “empresas unipersonales”, lo que implicaría que pertenecen al grupo de las Mypes (micro y pequeñas empresas). Dichas empresas no presentan planillas al Ministerio de trabajo, no cotizan a los servicios de seguridad social y tampoco aportan a las AFPs; por supuesto, se ha establecido que en muchos casos no se paga horas extras de trabajo ni dominicales.

Conforme señala el Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) “el 65% del empleo creado está vinculado al sector informal y sólo el 35% al formal”. Por su parte, según el mismo estudio, el Gobierno, por cuenta del Estado, genera el 9,6 por ciento del empleo y el privado sólo el 22 por ciento. El 70 por ciento de los empleos creados son precarios y no cuentan con beneficios sociales ni aportes a las AFPs. Son empleos inestables y de baja remuneración. El mismo trabajo señala que “el 50 por ciento de la población en edad laboral está desempleado”.

El problema es de extrema gravedad si se lo analiza con detenimiento y, si se quiere ponerle remedio, el Gobierno, conjuntamente el sector privado, tendrán que encontrar los mejores remedios para evitar que la ilegalidad, por las razones que fuere, sean casi norma de vida en el país porque una empresa ilegal o incumplidora de las leyes no solamente puede rehuir el pago de impuestos sino, sobre todo, no cumplir, debida, honesta y responsablemente con el personal que emplea y que, en la práctica, resultan “asalariados sin ningún derecho”.

Muchas veces se ha explicado que una empresa ilegal actúa así simplemente porque “teme cumplir con las leyes que obligan a serie de beneficios laborales, impone determinadas reglas, está sujeta a huelgas, paros y extremos que no están en posibilidades de soportar”. Algunos empresarios sostienen que “si no hubiesen medidas draconianas impuestas por las autoridades, nadie rehuiría cumplir las normas”. Es, pues, el Gobierno el que debería examinar este caso con el detenimiento debido; de otro modo, la ilegalidad empresarial podría ser muy peligrosa y contraria a cualquier intento de inversión que implica creación de riqueza y generación de empleo.