Injerencia política, abuso de poder e impunidad rigen procesos judiciales

Los procesos judiciales por denuncias de presunta corrupción, irregularidades en el manejo de la administración estatal o simplemente por anular a adversarios políticos, marcaron en los últimos años un escenario donde predomina la injerencia política, abuso de poder y la impunidad, según el análisis del experto en política Jimmy Ortiz.

En entrevista con EL DIARIO, Ortiz realizó un repaso de las investigaciones del ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), el caso Zapata y la masacre de Porvenir.

Según el experto, la impunidad es la característica principal de las investigaciones que involucran al Gobierno, por lo cual se considera que “no hay credibilidad”, además daña la democracia

CASO PORVENIR

En el caso de la presunta “masacre” de Porvenir, el analista dijo que hay injerencia política del Gobierno, porque no se cumplen los plazos procesales, elemento que es cuestionado a por el exprefecto de Pando Leopoldo López, quien se encuentra con detención domiciliaria desde 2008, pese incluso al deterioro de su salud, lo cual afecta a la democracia, porque se violenta el debido proceso, en este caso se dilata ocho años, porque no pueden encontrar la culpabilidad de la exautoridad de Pando.

“No se trata a todos por igual, dentro de las investigaciones de la masacre, porque no se toma en cuenta el grupo de choque que armó en Pando el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, desde el financiamiento para la compra de armas en Brasil, tal como fue denunciado documentadamente por el periodista Carlos Valverde”, manifestó.

Según criterio de Ortiz, existe desequilibrio en las investigaciones del caso Porvenir, por los argumentos que le valen al exprefecto Fernández, para declararse “preso político” y cuestionar los indicios que hay en su contra, porque en ocho años no demuestran su autoría del hecho.

DEFINICIÓN

Se llama “preso político” a la persona que es encarcelada por sus convicciones y actividades de tipo político. Esto implica que su condena en prisión se opone a los Derechos Humanos, concretamente a las cláusulas de libertad de pensamiento, de expresión o de reunión.

La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de falta de libertades políticas y, en consecuencia, es una situación propia de las dictaduras o de los regímenes que no son democráticos.

VÍCTIMAS

La querella fue iniciada el 11 de septiembre de 2008, con el argumento de que hubo un enfrentamiento armado en el municipio de El Porvenir, entre presuntos funcionarios de la Prefectura que estaba conducida entonces por Fernández, y personas que se trasladaron desde Riberalta, departamento del Beni, en vehículos.

A raíz de ello, se menciona la muerte de varias personas, atribuyéndoles la responsabilidad al exPrefecto, pero sin que en ocho años hubiera sido demostrada su responsabilidad, menos su participación. La justicia atribuyó la violencia al entonces prefecto Fernández, imputándole los delitos de asesinato, terrorismo, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves.

FONDIOC

En cuanto al caso de corrupción del ex Fondioc, Ortiz dijo que existen personas que se encuentran recluidas preventivamente, como ser Marco Antonio Aramayo, Elvira Parra, la exministra de Desarrollo Productivo Julia Ramos, Damián Condori, entre otros miembros del directorios de la entidad estatal. Estas personas denuncian parcialización, porque no se cita a declarar a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemecia Achacollo, quien tuvo la responsabilidad de asignar fondos por montos elevados a supuestos proyectos de desarrollo rural, por lo que la Contraloría General del Estado emitió un informe sobre el particular.

“Hasta ahora, tampoco se cita a declarar ni en calidad de testigo o de investigado, al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Caracora; y a las ex dirigentes del Sindicato Único de trabadoras campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, por lo cual se sospecha que existe protección política del Gobierno hacia estas personas”, recordó el entrevistado.

ABOGADO LEÓN

El analista Ortiz indicó, asimismo, que Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata, expareja del presidente Morales, se siente “preso político”, por la dilatación de su proceso que aún lo tiene encerrado en celdas judiciales, además de haber irregularidades en la imputación y recusación de jueces.

“El Gobierno intimida a León, porque también forma parte querellante en el caso el ex Fondioc, irregularidades en la gestión del exalcalde de El Alto, Edgar Patana, y de otros procesos que involucran a miembros del Gobierno”, aseguró.

Además, aseguró que como resultado de estos procesos, León dejo de ser abogado de Zapata, lo cual hace parecer que sienta un precedente el Gobierno para que otros profesionales no asuman la defensa de la expareja del presidente Evo Morales. Se desconoce el paradero de sus otros abogados, Walter Zuleta y Williams Sánchez.

POSTURA

El diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Miguel Ojopi afirmó que el gobierno “siembra terror” para aquellos que piensan diferente o van su contra, por lo cual considera que se justifica que se declaren presos políticos, mostrando solidaridad con el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, los detenidos preventivos del ex fondioc y el abogado Eduardo León.

“Estos atropellos a los derechos de los presos políticos son antecedentes nefastos contra la democracia y a la vigencia de la legalidad en el país, porque no hay tratos igualitarios con los investigados, porque el gobierno tiene a su disposición la justicia, contra las personas que considera que puedan dañarle”, manifestó.