Datos abiertos

En el documento de políticas públicas de la Republica Argentina, las investigadoras Elena y Pichon mencionan, en el resumen ejecutivo publicado el año 2014 con el título “Recomendaciones para implementar una política de datos abiertos en el Poder Judicial”, que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, reconocido en numerosos tratados internacionales: Su objetivo es garantizar la disponibilidad, conocimiento y transmisión de la información que genera el Estado; su ejercicio potencia el desarrollo de los derechos civiles, la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios, y fomenta el debate público e informado para evitar la corrupción y los abusos por parte de los poderes estatales. Por eso, una gestión pública eficaz debe basar sus decisiones en datos objetivos y de calidad. Una nueva faceta del acceso a la información es la tendencia a publicar datos en formatos abiertos, para que la sociedad pueda acceder a la información y sea capaz de reutilizarla para diferentes fines, como cruzar bases de datos para generar nueva información o potenciar su utilidad al hacerla más compresible y dinámica.

Álvarez Espinar, en el artículo publicado el año 2014 con el título “Apertura y reutilización de datos públicos”, menciona que “datos abiertos” es un término que se refiere a la exposición pública de información de una forma adecuada para su acceso y libre reutilización por la ciudadanía, empresas u otros organismos. Datos abiertos del sector público es la publicación de la información custodiada o producida por las administraciones públicas a través de canales electrónicos basados en las tecnologías de la información y la comunicación. Habitualmente, se trata a los conceptos de datos abiertos y datos abiertos gubernamentales o del sector público, como términos equivalentes, aunque datos abiertos también abarcaría aquellos datos que el sector privado expone públicamente, muchas veces motivado por los mismos principios de transparencia, eficiencia, no obstante en este caso también incluirían la responsabilidad social corporativa. El concepto de datos abiertos gubernamentales es relativamente novedoso, ya que no fue hasta el año 2007 cuando se definió claramente. Aunque existen numerosas interpretaciones, todas se basan en los principios de esta primera definición, siempre enfocados en el objetivo final, que es la reutilización de dicha información de forma efectiva y eficiente, sin trabas. Entre los precursores de la apertura de datos para motivar la potencial reutilización se encuentra el Gobierno de los Estados Unidos de América, quien ya hace más de dos décadas puso a disposición de sus ciudadanos y a los de todo el mundo, su “Sistema de Posicionamiento Global” y las señales con información sobre localización geográfica, un proyecto que ha demostrado cómo los recursos compartidos, abiertos y gratuitos, en este caso particular subvencionado por los contribuyentes norteamericanos, permiten un desarrollo del negocio muchas veces inesperado.

En el artículo titulado “Open data o datos abiertos en Costa Rica”, escrito por el investigador Durán el año 2013, se menciona que en la era actual de la información, el concepto de datos abiertos emerge en forma congruente con la tendencia de movimientos y comunidades que promueven los sistemas y aplicaciones informáticas de código abierto con acceso libre. La filosofía de datos abiertos puede ser definida como la información expuesta en la Web en formato tabular de números, estadísticas, métricas, datos micro y macro económicos, con georeferencia o no, de todo tipo de temas, sin restricciones de propiedad intelectual o mecanismos de control en cuanto acceso a los mismos se refiere. La información publicada como datos abiertos tiene tres características fundamentales: Accesibles, preferiblemente vía Internet, en formato digital, interoperables capaces de ser leídos por computadoras para ser usados y reutilizados, es decir, reutilizable por diversas aplicaciones o sistemas, además de tener un licenciamiento de libre restricción en el uso y distribución. No son datos personales o individuales de las organizaciones, sino más bien de los productos ofrecidos y logros traducidos en beneficios para los usuarios de esos servicios. Pueden estar almacenados en hojas electrónicas y preferiblemente en formato de “Estructura de descripción de recursos”, que transformados son expuestos o publicados en Internet en un formato que por lo general corresponde a cuadros tabulares agrupados en paneles de control para facilitar su comprensión. Una vez publicados los cuadros puede “bajarse” o guardar esos datos en diferentes formatos por los usuarios finales de la información.

Curto Rodríguez, en el artículo publicado el año 2015 con el título “Los portales de datos abiertos autonómicos y la rendición de cuentas”, menciona que los objetivos de las iniciativas de datos abiertos son: (1) Generar valor agregado. Facilitando la creación de nuevos servicios por parte de los ciudadanos con los datos proporcionados por la administración pública. (2) Aumentar la transparencia a la administración pública. Publicando datos de tipo económico y legislativo, para favorecer el análisis y la evaluación de la gestión pública. (3) Incrementar la interoperabilidad. Permitirá interconectar de forma más eficiente todas las administraciones locales y permitirá que todas utilicen una fuente de datos común y por lo tanto más consistente. (4) Incrementar la participación ciudadana. Permitirá al ciudadano disponer de más información de tipo económico, administrativo, estadístico, etc. (5) Incrementar gobernanza abierta y de servicio. Voluntad de avanzar hacia la gobernanza abierta, basada en los valores de transparencia, participación, servicio y eficiencia.