Como en tantos aspectos de la vida nacional que revisten importancia, la sanción por la Asamblea Legislativa y la promulgación de la Ley de Cambio de Género el día 21 de mayo por el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, revela una falta de reflexión, análisis y cordura que viene cundiendo en las instituciones con facultades de decisión, precipitaciones que conducen a la relajación y permisión de las costumbres y una invitación al modo liviano de ver la vida. Existe un empeño en cambiar las costumbres cristianas y morales todavía subsistentes en algunos sectores del pueblo boliviano, actitud originada en directivas ideológicas y políticas desaprensivas.
La nueva norma 807 permite a las personas transexuales y transgénero adoptar nueva identidad y nombre, pudiendo hacerlo desde los 18 años, edad carente de estabilidad psicológica y madurez que puede llevar a errores de conducta que, según la misma ley, adoptada la nueva identidad ésta se hace irreversible.
El torbellino legislativo del actual régimen evita la discusión y el debate de cuestiones que atañen a todo el conglomerado social y no solo a un grupo de personas, como en el presente caso. Por dicha carencia, después de la promulgación las iglesias Católica y Evangélica han censurado la medida con diversos argumentos. Sobresaliendo el que se refiere al cambio caprichoso de lo que la naturaleza dota a los individuos desde la concepción, al asignarles un sexo que los acompañará de por vida. Así el Obispo de Oruro ha calificado esta ley “como una ofensa a la Nación boliviana” y una contradicción del Gobierno que acostumbra proclamar el binomio aymara determinante hombre-mujer.
El pronunciamiento católico sostiene al mismo tiempo que “la modificación de los datos en el Registro Público proveerá efectos de confusión personal y frente a terceros, quienes tienen a su vez el derecho de saber con quién se están relacionando”. En ese mismo sentido, las personas “trans” podrán casarse al convertirse de manera formal al sexo opuesto, obviamente con alguien del sexo contrario, situación fraudulenta y engañosa, pero posible. El senador René Joaquino habría avalado tal extremo según un canal de televisión al que concurrió como invitado. Otra posibilidad igualmente peligrosa será que aprovechando la coyuntura más de un delincuente podrá aparecer con distinto nombre y género en perjuicio de sus víctimas, asegurándose además impunidad.
El Gobierno hace suya esta decisión snob, al igual que en otras ocasiones, imitando las leyes que a nivel internacional se viene adoptando con el pretexto de modernidad. Siguiendo esta dirección no se tardará mucho en aprobar el “matrimonio” entre personas del mismo sexo y la adopción de menores. No obstante, la ONU ha felicitado al Gobierno, haciendo hincapié en que significa reconocer “el derecho al voto, la educación, la salud y otros” al colectivo aludido. Que sepamos, en Bolivia los transexuales, lesbianas, gays, etc. nunca han sido privados ni limitados en el ejercicio de esos derechos.
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