¿Cómo funciona el instrumento jurídico?

El paso al frente de Almagro responde a su voluntad personal de actuar en la crisis venezolana pese a las reticencias de la mayoría de los 34 Estados miembros de la OEA, que prefieren o bien mantener el silencio de años de la organización sobre esta crisis o adoptar medidas más conciliadoras como una resolución o un ofrecimiento de mediación con autorización de Caracas.

La Carta Democrática (CD) es un instrumento jurídico para la preservación de la institucionalidad democrática del que se dotaron los Estados miembros de la OEA por unanimidad hace 15 años. Tiene 28 puntos y queda recogida en un pequeño librito azul tamaño bolsillo que ha sido más visto que nunca estas últimas semanas en los pasillos de la sede de la OEA en Washington.

La CD es un recurso muy sensible no solo porque su última consecuencia es la suspensión de la OEA sino también porque hasta ahora siempre se ha aplicado por solicitud o al menos con autorización del Estado afectado, salvo en el golpe de Estado de Honduras de 2009 por no haber Gobierno legítimo en el poder.

Con esta “invocación” o “activación” de la Carta, Almagro abre un proceso en el que serán los 34 Estados miembros quienes decidan si, como él, consideran que se ha producido esa “alteración” y las medidas a tomar al respecto.

Almagro ha pedido convocar un Consejo entre los días 10 y 20 de junio. El Consejo, donde cada embajador tiene un voto, decidirá si existe esa “alteración” por mayoría (18).

Si considera que ese es el caso, el Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones diplomáticas para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

De fracasar estas, o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General extraordinaria, para lo cual son necesarios dos tercios de los votos de los embajadores.

En esa Asamblea, que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas, dos tercios de los cancilleres pueden suspender la pertenencia del Estado en la organización si estiman que “se ha producido la ruptura del orden democrático”.

En la práctica, la suspensión de un Estado miembro de la organización implica que el país deja de participar en todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.

Como indica uno de los redactores de la Carta, el actual secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, “la aplicación de la Carta Democrática es una decisión de tipo político”. “Ese debate ya no es jurídico, está sujeto a una ‘apreciación colectiva’ de los Estados, es decir, es una decisión política”, precisa. (EFE)