Procedencia de elecciones judiciales

Las elecciones judiciales tienen que ser consideradas como necesarias para conformar el Órgano Judicial. A la Cumbre Judicial, a realizarse este fin de semana, le incumbe la responsabilidad de tomar una decisión en este sentido, en vez de que repita la situación actual, en que la justicia funciona a voluntad de los gobernantes.

Las elecciones judiciales de 16 de noviembre de 2011 han sido positivas en el sentido de que el electorado nacional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre su pertinencia. Empero, esta es la oportunidad de recordar en qué condiciones se efectuó esa consulta y cuál ha sido la reacción ciudadana.

El Gobierno actual, como lo hace habitualmente en todo tipo de consultas ciudadanas, organizó la elección judicial de 2011 a la medida de sus intereses políticos. Debido a ello, la oposición, en su conjunto, tomó la decisión de no presentar candidaturas para no secundar los planes gubernamentales.

En sustitución, como expresión de protesta por una elección manipulada de antemano, se pronunció porque el voto ciudadano se manifieste por el NO.

El resultado fue trascendental. El electorado nacional optó por secundar la posición de las fuerzas opositoras y votó por el NO. Efectuado el cómputo oficial por la Corte Electoral Nacional de entonces, estableció, en términos generales, que los votos nulos y blancos se impusieron por el 60%, en tanto que por los votos válidos fueron del 40%, por tanto, éste ha sido el apoyo que tuvieron, en conjunto, los candidatos de la fórmula oficialista.

Ante una situación tan insólita, lo apropiado debió ser que el Gobierno anule la elección. Pero no lo hizo así. Con los candidatos de la fórmula oficialista perdedora procedió a integrar el nuevo Órgano Judicial. Por tanto, la conformación de la justicia ordinaria actual tiene ese origen anómalo.

Consiguientemente, su comportamiento tuvo ese vicio de origen. Por tanto, no es posible ni adecuado formar un juicio contrario sobre la procedencia de las elecciones judiciales. La ciudadanía tuvo la oportunidad de expresar su discrepancia con las manipulaciones del oficialismo para constituir el Órgano Judicial vigente, a su gusto.

A manera de interpretación, resulta factible establecer que el electorado nacional tiene el suficiente discernimiento para pronunciarse en una nueva elección judicial.

El resultado que tenga dependerá, como sucedió en 2011, de que se organice una consulta ciudadana que goce de legitimidad. Es decir, que tanto el Tribunal Supremo Electoral como el propio Gobierno actúen de forma honesta y creíble.

Si se reproduce el mismo escenario de 2011, el electorado podrá volver a pronunciarse por el NO. En consecuencia, un Órgano Judicial que emerja en condiciones de ilegalidad, volverá a ser ilegítimo y, sin duda, volverá a tener el mismo grado de impostura la justicia que emerja de las mismas condiciones pasadas.

La cuestión de fondo, entonces, dependerá del escrúpulo e independencia con que se organice la nueva elección judicial. Puede que en esta ocasión, el propio presidente Evo Morales recuerde el juicio lapidario que emitió sobre el actual Poder Judicial.

Implícitamente admitió que ha sido un total fiasco la elección de 2011, a la luz de lo que ofreció como resultado. En su criterio, se constituyó en el “centro de extorsión y corrupción”.