Denuncia sobre persecución judicial

(ANP) La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Apdhlp), María Amparo Carvajal, denunció y rechazó la “persecución nefasta” del Gobierno contra dirigentes sindicales, periodistas, investigadores en ciencias sociales y abogados.

En un comunicado, la Apdhlp “denuncia que la libertad de expresión y las garantías democráticas fundamentales están en riesgo y seriamente amenazadas por el Estado Plurinacional y sus administradores (el gobierno de Evo Morales)” que pretenden imponer “verdades oficiales” en hechos que involucran su actuación “y que afectan a la vida democrática”.

El pronunciamiento coincide con la decisión judicial para el encarcelamiento del abogado Eduardo León que oficiaba de defensor de la excompañera sentimental del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata.

León permanece bajo cuidado médico en un hospital público de La Paz, y podría pasar a la penitenciaría de San Pedro por decisión de una juez que procesa una denuncia sobre la falsedad de una libreta de servicio militar atribuida al profesional del derecho.

Los ministerios de Educación y Justicia anularon el título profesional de abogado de León, una acción que fue rechazada por los colegios de abogados.

El pasado 27 de mayo, el periodista Carlos Valverde buscó refugio en Argentina tras denunciar acoso y persecución por sus denuncias que involucran al presidente Morales en presunto tráfico de influencias.

El 12 de mayo, el periodista y director del periódico Sol de Pando, Wilson García Mérida, se refugió en Brasil tras advertir un riesgo de detención indebida, como efecto de una demanda por sedición presentada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

“Con base en el amedrentamiento y la persecución penal a periodistas, abogados y sindicalistas se han establecido ‘verdades oficiales’” en casos de represión a protestas sociales, señala la organización humanitaria y cita la muerte de dos estudiantes, en la población de Caranavi (La Paz), durante un bloqueo de caminos, en mayo de 2010.

Menciona la masacre de Porvenir, departamento de Pando, un hecho registrado el 11 de septiembre de 2008 y en el que murieron 13 personas; y las denuncias de “asesinatos extrajudiciales” durante una operación policial contra supuestos terroristas, el 15 de abril de 2009.

El comunicado censura el reciente despido de obreros de una industria textil administrada por el Gobierno, la violencia ejercida contra personas con discapacidad que protestan en La Paz y otros casos.

“La ‘verdad oficial’, en estos y otros casos, se abre camino con la violación de los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa”, anota la Apdhlp.

“Con este propósito no solo se activa la maquinaria del sistema judicial, sino que el mismo Poder Ejecutivo actúa a través de Impuestos Internos, el Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Defensa, el Viceministerio de descolonización, el Ministerio de Educación, como está sucediendo en el caso del abogado Eduardo León a quien anularon su título profesional antes de un proceso administrativo o judicial”, remarca el documento.

Denuncia el uso del método de acoso estatal a organizaciones gubernamentales como el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) y otras que realizaron análisis, investigaciones y publicaron resultados que incomodaron al Gobierno.