ONU insta al Estado garantizar derechos del abogado León

La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, mediante comunicado oficial, instó ayer al Estado a garantizar los derechos del abogado Eduardo León. La instancia internacional realizó al menos cuatro observaciones a los procedimientos empleados por el Gobierno, el Ministerio Público y los jueces que procesaron a León, además de expresar preocupación por el deteriorado estado de salud del jurista, internado en un penal, pese a sufrir problemas gástricos e insuficiencia renal.

DETENCIÓN EXCESIVA

“Preocupa a la Oficina el excesivo tiempo que el abogado León estuvo detenido, sin que se definiera su situación jurídica por parte de un juez cautelar, tal como la ley dispone. Jueces de La Paz, El Alto y Oruro se excusaron o solicitaron licencia, lo que demoró el trámite de las audiencias previstas”, señala en su primero punto el comunicado del Alto Comisionado y “recomienda” al Consejo de la Magistratura estudiar el caso siguiendo la normativa vigente sobre derechos humanos en el continente.

Por otra parte, a la Oficina de la ONU le preocupa también que la orden judicial, emitida el 26 de mayo, que dispuso el arresto domiciliario para el abogado León, no fue acatada, como tampoco se cumplió la orden judicial para procurar la custodia policial con el fin de vigilar dicha medida cautelar, alargando arbitrariamente la permanencia del abogado en celdas judiciales y señala que las autoridades competentes “deben cumplir sin demora las órdenes judiciales emitidas”.

MEDIDA GRAVOSA

El comunicado también hace referencia a que el proceso a un abogado en relación a la representación de sus clientes, “es una medida gravosa que debe estar sustentada en una profunda investigación que arroje elementos objetivos y serios de convicción sobre la existencia de los delitos y la participación del abogado en los mismos”.

Asimismo, observa que el título académico de León haya sido anulado; que se le excluyó del Registro Público de Abogacía y que se le retiró la matricula a través de dos resoluciones ministeriales. Para la Oficina, esto podría vulnerar seriamente las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa plena e íntegra y el derecho a ser oído que tiene toda persona.

En ese sentido, la Oficina recordó al Estado las normas internacionales que están vigentes y que Bolivia está obligada a cumplir.

SALUD DE LEÓN

Por último, el comunicado señaló la preocupación por el deterioro en la salud del jurista y volvió a instar a las autoridades precautelar este derecho.

Sin embargo, ayer por la tarde, el juez sexto de sentencia, Delfor Ríos, denegó la acción de libertad presentada por la defensa de León, solicitando la “tutela del derecho a la salud y la vida”, bajo el argumento de que no se agotaron las instancias legales, denominada subsidiariedad.