Cumbre de Justicia debe ser libre y no política

Por decisión del Gobierno, se llevará a cabo una Cumbre de Justicia en la ciudad de Sucre. Por principio que rige en la humanidad, la justicia es limpia, transparente, independiente, libre y no tiene contaminación alguna con intereses creados, sean políticos, económicos, sociales o de otra índole. La justicia discierne entre el bien y el mal y busca la primacía del bien.

Muchas veces se ha sostenido un criterio equivocado sobre la justicia en nuestro país, calificándola de “corrupta, podrida, vendida, contraria a valores y principios, etc., etc.”; pero, lo que ha primado, según las experiencias sufridas en muchas décadas, es que la justicia no fue correcta, digna y debidamente administrada por jueces y fiscales que cumplan con las normas más elementales de virtudes, valores y principios que rijan en la dispensación de justicia a quienes acuden a los tribunales en pos de conseguir juicios y sentencias válidas y correctas para sus reclamos y, en todo caso, que la verdad, la racionalidad, la equidad y la ecuanimidad se impongan en la decisión de los jueces.

La Cumbre de Justicia debe regirse por los parámetros consignados en la Constitución y ser ajena a la interferencia o intervención de los otros poderes del Estado, como son el Ejecutivo y el Legislativo porque, por esencia y principio, representan sus miembros a la política partidista de la tendencia que sea. El Ejecutivo cuenta con militantes del partido de gobierno y el Poder Legislativo con mayoría oficialista, solo está conformado por algunos senadores y diputados que, de uno u otro modo, también representan a la política partidista del país, sea de partidos tradicionales, de nueva formación o aquellos que tienen simpatías y, tal vez, compromisos político-partidarios o de otra índole.

Para que la cumbre tenga éxito y, finalmente, el país pueda contar con la Justicia digna, limpia, transparente, que actúe dentro de marcos de absoluta corrección y sea proba representante del Derecho que son la Constitución y las leyes y haga abstracción del derecho de la fuerza, que son las imposiciones de otros poderes o interesados en conveniencias subalternas, dará lugar a que los otros poderes del Estado también actúen conforme a dictados de la Carta Magna y las leyes.

Son las instituciones que merezcan confianza y fe de la colectividad las que presenten candidaturas para jueces y fiscales que sean profesionales del derecho que hayan demostrado en su vida privada y pública altas condiciones de idoneidad, con acumulo de virtudes, valores y principios. Entre esas instituciones dignas de fe estarían la Iglesia Católica, iglesias de otros credos, universidades, colegios de abogados, asociaciones de periodistas y, por supuesto, miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero bajo la condición, sine qua non, de que todas esas personas no estén ligadas a compromisos político-partidistas, económicos, sociales o de otra clase; de otro modo, una elección sujeta a la voluntad del Gobierno, automáticamente sufrirá el rechazo nacional y no podrá ser el remedio que se busca para administrar el Poder Judicial que debe ser ejemplo de confianza, honestidad y responsabilidad.