Por falta de garantías, juristas no quieren defender a procesados por el Gobierno

Por falta de garantías y por seguridad para no ser procesados, perseguidos y encarcelados, como es el caso del jurista Eduardo León, los abogados del país evitan asumir la defensa de personas involucradas en procesos iniciados por el gobierno de Evo Morales, según cuentan legisladores de la oposición.

Al verificar esta situación, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, decidió hacer público el dilema que está atravesando en la actualidad porque está en busca de un abogado que se haga cargo de su defensa por los procesos judiciales instaurados en su contra de parte de los ministros de Gobierno y de la Presidencia.

“Los abogados no quieren asumir la defensa de la diputada Piérola, porque el Estado es el adversario o el Ministerio Público, lo cual me obliga a que yo misma me defienda materialmente y técnicamente, en el cumplimiento del artículo 7 del Código de Procedimiento Penal”, explicó.

Según la legisladora, está en busca de los mecanismos para que se abra la Carta Interamericana Democrática instaurada el 2011, para denunciar que “no hay un Estado de Derecho y que hay falta de respeto al debido proceso”.

En ese marco, Piérola sostuvo que es evidente que el Ejecutivo realiza una “persecución en contra de los juristas que decidan enfrentar o ejercer defensa de los procesados por el Gobierno, porque no hay garantías ni condiciones para un debido proceso”.

En tanto, el diputado suplente de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, coincidió con su colega al asegurar que ningún abogado quiere asumir su defensa. Su caso es el proceso que inició la excandidata a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, del Movimiento Al Socialismo (MAS) de quien se presume estaría gozando de protección del Gobierno, porque no hay imputación en su contra porque la Fiscalía no tomó en cuenta las pruebas que presentó.

“Este elemento me obligará a que el Estado me asigne un abogado de oficio, el cual no goza de mi confianza. Si entro a la cárcel no me callarán seguiré denunciando”, afirmó.

Para Juan Coronel, asesor legal de la Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Tarija, este aspecto es mentira, porque hay especialistas en materia penal y que estos pueden “asumir el reto, siempre que se respete las leyes en el país,

“No creo que está pasando eso debe haber abogados disponibles y estén dispuestos a defender los diputados de oposición”, afirmó.