“Presunto tráfico de influencias no fue esclarecido debidamente”

El presunto tráfico de influencias, que involucró al presidente Evo Morales con su expareja Gabriela Zapata, exgerente de la empresa China CAMC, actualmente detenida en la cárcel de mujeres de Miraflores, no fue esclarecido como corresponde, según legisladores de la oposición. En tanto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, sostuvo que el tema fue ya tratado por la Asamblea Legislativa, y que lo demás solo corresponde a comentarios que no tienen el propósito de aclarar nada.

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio sostiene que el país quedó con muchas dudas respecto al presunto tráfico de influencias, en el que se vio involucrado el Primer Mandatario.

“Creo que el país ha quedado con muchas dudas y es necesidad muy grande esclarecer el caso, porque evidentemente compromete nada menos que a recursos del Estado”, declaró a EL DIARIO.

En esa línea, señaló que se dejó de lado la continuidad de las investigaciones y el Gobierno prefirió tapar la verdad, demandando a Gabriela Zapata y posteriormente iniciándole una acción penal a su abogado Eduardo León. “Simplemente, lo que se pretende es que prevalezca la verdad”, añadió Monasterio.

QUEDARSE EN EL GOBIERNO

Para el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, el gobierno del presidente Evo Morales no quiere tocar el tema de “tráfico de influencias” y por ello busca quedarse en el poder por varios años más, para que así no se investiguen y esclarezcan las irregularidades de su gestión.

“Han hecho tantas barbaridades que le temen a una investigación, a los temas de corrupción. Estamos viendo lo que está pasando en los países vecinos, estamos observando lo que pasa en el mundo; dictadores que van a la cárcel por los actos que cometieron en sus gobiernos”, anotó Doria Medina.

Sobre el tema, el diputado del MAS Franklin Flores afirmó que el tema del presunto tráfico de influencias ya fue tratado, en mayo de este año, por una comisión mixta de la Asamblea, donde se investigó los contratos suscritos entre el Estado boliviano y la empresa china de Camc.

La comisión determinó que no hubo tráfico de influencias en la adjudicación de las obras, porque nadie presentó indicio ni prueba de que haya existido tal situación.

“Ese tema lo trató la Asamblea, el resto me parece que son comentarios que se producen por razones personales o que no tienen ninguna intención de clarificar”, declaró Flores.

En mayo de este año, la comisión mixta que investigaba el presunto tráfico de influencias examinó 95 carpetas de contrataciones y realizó varias entrevistas a diferentes personas del Gobierno, supervisores, fiscales, entre otros.

De ahí que determinó que la empresa china CAMC se adjudicó los contratos porque tenía las mejores propuestas y hasta los mejores precios.

“CAPITALISMO DE CARAS CONOCIDAS”

Para el director de la Fundación Vicente Pazos Kanki, Diego Ayo, el extranjero quiere los recursos naturales sin respetar las leyes bolivianas, por tanto se debe regular la entrada masiva de capitales; caso contrario se afianzará un “capitalismo de caras conocidas”.

“Va terminar siendo algo que nos lleve a la consolidación de un modelo, que lo hemos llamado de “caras conocidas”. Evidentemente, no hay transparencia en la información del Gobierno, trata de no dialogar, no quiere que la Asamblea Legislativa fiscalice, que la sociedad no critique y que los medios no difundan”, declaró Ayo.

La noche del pasado miércoles, Ayo realizó la presentación de su libro ¿Qué hay detrás del CAMCE?, donde plasma su análisis sobre el accionar de la empresa china en Bolivia y plantea una hipótesis donde concluye que el Gobierno busca su vinculación con el modelo económico y político de países asiáticos, en este caso concreto, China.

El texto comienza con esta frase: “Cuando el 3 de febrero del año en curso, a sólo 18 días del referéndum del 21 de febrero, el periodista Carlos Valverde hacía pública una denuncia de tráfico de influencias que involucraba al Presidente Morales, no imaginábamos aún el desenlace casi novelesco que iría a tener este caso (…)”.

RECUENTOS DE CONTRATOS ADJUDICADOS

Ayo en su obra hace un recuento de los contratos que CAMC se adjudicó:

El primer contrato estatal que recibió Camc fue en 2009. Entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compró tres perforadoras por la modalidad de contratación directa. El monto de la adquisición, de cada una de ellas fue de 22.821.440 dólares, 18.829.320 dólares y 18.349.240 dólares, por cada uno de los tres equipos.

El segundo se realizó en marzo de 2012 y también fue de manera directa con la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba). Se contrató a esta empresa para la construcción de una planta industrial en el norte paceño, por un monto de 166.991.647 millones de dólares.

La tercera adjudicación se produjo en 2013. Ese año se desarrolló una licitación para la construcción de un tramo de la vía férrea Montero – Bulo Bulo. Ganó el contrato con el Ministerio de Obras Públicas la misma empresa china por 103.167.226 dólares. El ministro Milton Claros reveló que el Gobierno entregó de anticipo 144 millones de bolivianos y que la empresa china abandonó la obra en 2015, por lo que se pidió ejecutar boletas de garantías por 158 millones de bolivianos.

La cuarta se produjo entre agosto y octubre de 2014, donde CAMC recibió tres contratos por excepción, de la Empresa Misicuni, en Cochabamba. El primero fue por la dotación de instrumentos de medición por 2.280.897 dólares.

El quinto fue el segundo contrato con Misicuni, por un sistema de comunicaciones y distribución de energía, cuyo monto era de 2.515.052 dólares.

El sexto fue el tercer contrato con Misicuni, para la construcción de la presa, por 61.638.517 dólares.

Finalmente está el séptimo, suscrito en julio de 2015, con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). El contrató fue directo, para la construcción de la planta industrial de sales de potasio en Potosí. El monto ascendió a 177.008.174 dólares.