Propuesta de Gualberto Cusi:
• El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, cuestiona el sometimiento de la justicia al Gobierno, lo cual hace que se ahonde la crisis en el sistema • Víctor Borda, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), opina que el gran problema de la justicia es la corrupción de los operadores
La justicia en el país demanda soluciones integrales, con programas educativos en los colegios y universidades, cuyos objetivos apunten a buscar mecanismos dirigidos a crear una cultura honesta en la gente y una reestructuración de los operadores de justicia, así lo propuso el magistrado suspendido Gualberto Cusi.
Según el experto, su propuesta está sustentada en la vivencia de la gente, porque estos peregrinan en los juzgados, en las fiscalías y en las instituciones policiales, en procura de que sus procesos judiciales avancen, aspecto que hasta la fecha no soluciona el Gobierno.
El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, en su propuesta, identifica las causas por las cuales hay crisis en la justicia y estima que los responsables, en parte, serían los operadores. Para superar los problemas existentes, sugiere algunas soluciones, que en el fondo mejore la situación de los litigantes y de los funcionarios.
CAUSAS
Cusi indicó que la crisis en la justicia es estructural, porque se replica las acciones del pasado, desde que Bolivia estaba colonizada, la fundación de la misma y en la actualidad, porque se la relaciona con el poder, entre la gente con dinero, mientras que entre los pobres incide en su acceso a la justicia.
Consideró que la cultura jurídica de la población es otro mal, que involucra a los gobernantes, jueces, fiscales, policías, abogados y litigantes, porque están involucrados en la corrupción.
EDUCACIÓN
“No tiene sentido que tengamos Cumbre de Justicia, si no se cambia el problema de fondo, que es la formación integral de los profesionales, que vienen a ser los futuros operadores de la justicia, en su condición de abogados”, manifestó Cusi. Al mismo tiempo, señaló que el Gobierno está en la obligación de crear programas y políticas para que esto se lleve a cabo.
Según Cusi, los elementos para mejorar la justicia se encuentran en la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que es en ella en la que cuentan los lineamientos que permitan generar una cultura jurídica buena, que busque la inclusión de la sociedad, el respeto a los derechos humanos y la igualdad entre todos los seres
“Adecuar la educación a la justicia nos dará mejores días, no solo para los futuros operadores de justicia, sino también para la sociedad en su conjunto, que muchas veces forma parte de la crisis o aporta a ello”, agregó.
“Necesitamos proyectos para que se recuperen los valores sociales en la gente y así pueda tenerse una cultura jurídica de calidad. Consideró que este factor tiene que ser creado por el Gobierno, mediante las políticas públicas”, explicó Cusi.
SUSPENSIÓN
El experto indicó que el error que cometió fue cuestionar procesos judiciales del Gobierno y no someterse a las decisiones que plantean las autoridades, así como por hacer cumplir la CPE.
“La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) me suspendió por pensar diferente al Gobierno, como también, los cuestionamientos que hacía a su intromisión en la justicia, porque actualmente no es independiente”, manifestó Cusi.
OFICIALISMO
La propuesta del diputado Víctor Borda consiste en buscar mejores días para los litigantes, porque hay operadores de justicia corruptos y hasta delincuentes, sin embargo, gozan de libertad. Sostiene que estos elementos deben tenerse en cuenta, con la finalidad de solucionar la crisis judicial. Como se recordará, el parlamentario presentó en la semana que terminó una sugerencia para la Cumbre Judicial.
Su planteamiento está dirigido a que se modifique el régimen de aplicación de medidas cautelares en los delitos de asesinato, feminicidio, homicidio, con la finalidad de que se trate con más rigidez estas situaciones, porque muchas veces los imputados se benefician con medidas sustitutivas.
MANDATO DE MAGISTRADOS
También propuso un régimen especial para los magistrados, jueces y fiscales que tengan procesos por integrar consorcios de abogados, porque se prestan a cometer delitos graves de corrupción. En este orden, plantea que se apliquen penas de prisión mayores a 25 años, además, que puedan ser juzgados sin caer en retardación de justicia
“De 148 vocales a nivel nacional, 38 están siendo procesados por corrupción; hay magistrados que tienen 6 procesos por la misma situación, en diferentes casos”, lamentó el legislador.
Otro de los puntos de la propuesta del diputado Bravo tiene que ver con el acortamiento de mandato de los magistrados y vocales del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental, porque no puede haber una trasformación de justicia con las actuales autoridades judiciales, porque en su concepto la mayoría son corruptos.
OPOSICIÓN
En cuanto a la explicación del diputado Tomás Monasterio, de UD, le extraña que la propuesta del Gobierno no afronte los temas integrales, más bien lo que busca es tener más poder, porque, según la propuesta del procurador Héctor Arce, el Presidente tendría la tuición de elegir once magistrados, el legislativo a otros once y el pueblo a menos de la mitad.
“Es increíble que la meritocracia no se tome en cuenta ni para la propuesta del procurador Arce, puesto que lo mismo sucedió en la anterior pre selección de candidatos”, criticó el opositor.
Monasterio considera que la justicia debe dar un “vuelco”, donde las leyes y la justicia sean para los litigantes y no para los delincuentes, malos abogados, jueces y fiscales corruptos, además de que el Gobierno sea el que domine la justicia.
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