Quiebra de empresa Enatex
• El analista Julio Alvarado dice que hay autoridades ministeriales que deben ser procesadas por la quiebra de la empresa estatal • Su colega Armando Méndez sugiere una auditoría técnica para establecer responsabilidades • Hace pocos días, el ministro de Economía, Luis Arce, ratificó al empresariado privado el cierre de la textilera
El caso del cierre de la empresa estatal, Enatex, ha sido calificado como un “fracaso de la política de comercio exterior” del Gobierno por dos prestigiosos economistas. Estas declaraciones surgieron tras conocerse datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que constataron que las exportaciones de textiles registró una caída del 77%. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), esta situación afectará los ingresos del Tesoro, que no percibirá por tal descenso, $us 837 millones en la presente gestión.
GESTIÓN OFICIAL
Según Julio Alvarado, experto en economía, la incertidumbre del cierre de la textilera estatal representa un fracaso de la gestión de Gobierno, en lo que hace a sus políticas del comercio exterior. Alvarado, que es muy crítico en este ámbito, señaló que el Ejecutivo, luego de varios años de intento, no ha logrado sustituir el mercado estadounidense para las exportaciones en este rubro. Como se conoce, la apertura unilateral del mercado estadounidense (Atpda) para los textiles bolivianos, fue asumido en 1992 por el entonces presidente, George Bush. Este acuerdo fue suspendido por las autoridades de Estados Unidos al considerar los resultados de la lucha antidroga en Bolivia, durante la administración del presidente Evo Morales.
POLÍTICA PÚBLICA
“Es un fracaso de políticas públicas en ese ámbito, porque hace 10 años nos dijeron que no era necesario el mercado norteamericano para los textiles y que el Gobierno iba abrir nuevos mercados, pasa el tiempo y nos damos cuenta de que de lo único que nos beneficiamos coyunturalmente, es de los altos precios de materias primas”, indicó ante una consulta de EL DIARIO.
VERSIÓN OFICIAL
Sobre este tema, el ministro de Economía, Luis Arce, ratificó al empresariado nacional el cierre definitivo de la textilera, en razón a que no genera utilidades. ”Vamos a cerrarla”, dijo en una reunión que sostuvo con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a fines de abril pasado. El ministro de Economía ha mantenido invariable su posición en este caso.
MERCADOS
En tanto, el analista Armando Méndez asegura que las cifras del INE y el IBCE son el resultado de la falta de acceso a nuevos mercados internacionales. “La empresa Enatex fue creada (por el grupo Iberkleid) para responder al mercado externo, pero al no tener nuevos mercados quebró, como consecuencia del fracaso de la política de comercio exterior”, explicó Morales, de manera coincidente con Alvarado.
Ambos analistas señalaron que la experiencia de Enatex estaría demostrando la importancia que tenía para el rubro textil boliviano, el mercado norteamericano.
NORMA
En cuanto al argumento manifestado por el ministro de Educación, Roberto Aguilar, sobre el Decreto 2765, que solo se aplicaría para el caso de Enatex y no para otras empresas, que estén en mala situación, Alvarado sostuvo que es un aspecto relativo. Una de ellas es Huanuni que cerró con millonario déficit de $us 23 millones, la pasada gestión
NORMA EXCLUSIVA
Alvarado se refirió al principio jurídico en torno a la universalidad de una normativa. “El Gobierno no puede aprobar una norma y establecer que solo es aplicable para el caso de Enatex, porque el precedente de que una empresa se cierra para convertirse en centro tecnológico permite que ese antecedente sea aplicado para cualquier otra empresa”, indicó.
ADMINISTRACIÓN LABORAL
Si bien existe una diferencia de una empresa estatal a una privada, el experto en comercio internacional Julio Alvarado, observó que existe una disposición aprobada por el propio Gobierno, que permite que los trabajadores se hagan cargo de la empresa en caso de quiebra, “aspecto que no permitió el Gobierno en este caso, que sean los trabajadores que se hagan cargo de la empresa, ante la mala administración realizada por parte de los representantes del Estado. Según explicó, “la norma debió ser aplicada, antes de relocalizar a más de 800 trabajadores que representan a más de 4.000 familias”, observó.
En tanto, Méndez, aseguró que al ser una empresa estatal, existe la posibilidad de que la norma sea específica para dicha empresa y no para entidades privadas. “no habiendo universalidad entre empresas públicas y privadas”, disentió.
PROCESOS
El analista Alvarado lamentó que la dirigencia sindical, tanto de la Confederación de Trabajadores Fabriles, la Federación de Fabriles en La Paz y la propia Central Obrera Boliviana (COB), no interpongan un proceso penal contra los responsable de la administración de la empresa, desde la gestión de la exministra de Desarrollo Productivo Teresa Morales y la actual Verónica Ramos, junto con los gerentes, por precipitar su quiebra.
AUDITORÍA TÉCNICA
Mientras que Armando Méndez, profesor emérito en la Facultad de Economía de la UMSA, aseguró que una auditoría técnica externa debiera establecer el grado de responsabilidad de las autoridades que ocasionaron la quiebra de la empresa, con la finalidad de que los indicados funcionarios sean sometidos a procesos que correspondan.
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