La Organización de Naciones Unidas, al concluir el 21 de abril pasado su primera cumbre luego de dos décadas, sacó la conclusión de que en los países integrantes hay dos posiciones: las naciones que creen que las políticas aplicadas hasta ahora han fracasado y que deben adoptarse nuevas acciones; por otra parte, las naciones de Latinoamérica sostienen la necesidad de seguir con los emprendimientos anteriores pero dándoles mayor efectividad. En resumen, nada salió y el problema del narcotráfico continuará indemne no sólo en el continente sino en todo el mundo con riesgo, además, de incrementarse gravemente.
Se sostiene la necesidad de tener en cuenta los derechos humanos en la lucha contra las drogas; pero, hay preocupación por el tipo de medidas represivas a adoptarse puesto que las aplicadas hasta ahora no han dado los resultados esperados. En la mayoría de los países se cree que las acciones han sido débiles y que no hay políticas homogéneas para ser aplicadas especialmente en los países productores de drogas y, mucho menos en aquellos que son recipendiarios de las mismas que, por la debilidad de las acciones, lo único que logran es incrementar la comercialización y el consumo, sobre todo en los países más débiles, especialmente productores, que se ven impedidos de accionar más positiva y enérgicamente contra el mal que tiende a ser mayor.
Lamentablemente, medidas como la despenalización del consumo, el apoyo a los adictos o la regulación de la marihuana tienen que abrirse poco a poco en las políticas de muchos países, pero, sin tener en cuenta que todo ello incentivaría el consumo y con él la comercialización como ha ocurrido especialmente en las décadas de los años 60 y 70 en que prácticamente, la población de Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto afectada seriamente por el aumento de consumo debido al ingreso de grandes cantidades de heroína, cocaína y otros alucinógenos letales.
Los resultados que muestra la “cumbre sobre drogas de Nueva York” no dicen algo específico sobre políticas punitivas que habría que adoptar, y, menos, sobre la necesidad de restringir las facilidades que tienen los fabricantes de precursores o productos químicos que sirven para la industrialización de materias primas para la fabricación de drogas. Este es un problema que si se lo encara decidida y responsablemente, podría contribuir a disminuir radicalmente la producción, pero son los intereses creados de la industria química los que no permiten la adopción de medidas que eviten la venta libre y sin control alguno de precursores.
Las políticas que adopten los países tienen que tender a la erradicación de las drogas mediante la clausura de los centros de producción de materias primas, de los sitios que fabrican las drogas y de los medios de transporte y comercialización que poseen los empresarios de las drogas que en los últimos años han radicalizado el crecimiento de su letal negocio.
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