Algo más sobre la Cumbre Judicial

REVOCATORIA DE MANDATO DE MAGISTRADOS Y CONSEJEROS

Sobre la propuesta de revocatoria del mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial, se olvida que la CPE, Art. 240, ordena que los miembros del Órgano judicial no se hallan sujetos a la revocatoria. Sin embargo, procede su destitución conforme a razones señaladas por ley.

En cuanto a los vocales y jueces, al generar una ley que acorte su mandato, se deberá considerar si no sería una injusticia con quienes cumplen con la ley con probidad y solvencia profesional y prever no se produzca un vacío creado por acefalias, causando mayor retardación.

EVALUACIÓN DE TRABAJO

No pasa desapercibido el hecho de que la retardación, entre otros factores tiene su origen en la baja productividad de los operadores Para evitar esta falta, urge establecer un sistema de monitoreo que permita una evaluación de su desempeño, estableciéndose además estándares de trabajo o producción, sancionándose su incumplimiento culpable.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta los ejes temáticos establecidos y el tiempo que durará la Cumbre, resulta imposible se considere con seriedad una real política de solución de la profunda crisis en que se halla el Órgano Judicial.

El poco tiempo evitará un debate y análisis serio, ni aún en la posibilidad de que los organizadores tengan preparados los documentos y propuestas ya elaboradas para su simple lectura y aprobación.

Para la solución integral y definitiva de la crisis es imprescindible diagnosticar la justicia en su conjunto, hacer un análisis profesional, técnico, integral de las causas de origen de la crisis, para ello sugerimos la conformación de una Alta Comisión integrada por acreditados profesionales en diversas áreas.

Con los resultados, y la implementación que proponga, se dé la conformación de un organismo integrado por representantes del Órgano Judicial, Ministerio de Justicia, Colegios de Abogados y otros, que pueda trazar el plan de transformación del sistema, que planifique la implementación de las medidas que surjan de los estudios y análisis de aquella Alta Comisión, y que controle esa implementación con un seguimiento de las reformas propuestas.

Será útil el fortalecimiento de regímenes disciplinarios, eliminar la protección y encubrimiento de los funcionarios sometidos a denuncias, se debe acabar con la tolerancia de las inconductas y establecer plazos perentorios para que los órganos disciplinarios fallen sobre las denuncias y conductas ilegales, aplicando la sanción administrativa -exoneración, además de remitir antecedentes al Ministerio Público.

Sobre la capacitación y formación, en lo inmediato, lograr que las Facultades de Derecho, además de actualizar sus programas de estudio den una formación complementaria a quienes tengan vocación y pretendan ingresar a la carrera judicial, la actual formación de abogados además con una escasa exigencia académica, no implica la aptitud para ser juez, el que no sólo debe contar con una formación técnica-jurídica sino con la formación ética y de compromiso con la sociedad. Ello al margen del funcionamiento de la Escuela de Jueces cuyos programas deben ser revisados y llegar a todos los distritos judiciales, el tener una sola sede limita la participación de postulantes.

Finalmente, ante los anuncios de presentación de varios proyectos de leyes, señalamos que las leyes por sí solas no modifican la esencia de las personas ni de las instituciones. El cambio de leyes solo dará lugar a situaciones circunstanciales, y un conglomerado de disposiciones solo generará un caos normativo.

Frente a tanta ley propuesta y los antecedentes de formulación de leyes en el Legislativo, se ve la necesidad de una compatibilización, de un análisis que impida contradicciones, en resumen ordenar el sistema normativo, para ello se debe conformar una Comisión Codificadora que servirá además para dar asesoramiento al Legislativo en la formulación de Códigos y las leyes referentes la justicia.

Si la Cumbre se realiza con la consideración solo de lo planteado en sus ejes temáticos, se dará remedios parciales. Si no se realiza un amplio debate, análisis y reflexión y no se toma decisiones para un estudio integral del problema de justicia, su resultado será una nueva frustración que niegue el derecho a una justicia real y efectiva.