Dictan arraigo para Costas y este afirma que Gobierno trata de tapar casos de corrupción

El juez Séptimo de Sentencia en lo Penal, Pablo Vargas, dictó ayer, el arraigo y el pago de una fianza de 80 mil bolivianos al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, dentro de un proceso abierto en 2010 por el Gobierno, por la presunta compra irregular de 40 motorizados con dineros del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el año 2007.

La autoridad afirma que en su contra se viene una serie de procesos judiciales, y que el caso es un pretexto para tapar los casos de corrupción que hay contra las autoridades del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Se viene una sarta de juicios, yo lo anuncié. Les dije que era cuestión de tiempo y que esto era la cronología de una muerte anunciada”, afirmó Costas a su salida de la audiencia, ayer en la capital cruceña.

APELACIÓN

La defensa de Costas y los otros imputados anunciaron la apelación del fallo dictado por el juez Vargas y este adelantó que si el gobernador cruceño, por sus funciones, debe realizar algún viaje, puede presentar una solicitud para que esta sea valorada.

Costas aseguró que se mantendría en el país, para mantener la misma línea política, aunque esto le cueste su libertad.

Arraigo, una fianza de 80.000 bolivianos y la presentación cada 20 días ante el Ministerio Público fue la determinación asumida por Vargas, como medidas cautelares a la detención preventiva contra el Gobernador Costas, además de cuatro colaboradores y exfuncionarios, imputados por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y conducta antieconómica.

El secretario Jurídico de la Gobernación, Luis Fernando Roca, recordó que la denuncia fue rechazada en su momento, porque se demostró que la compra se hizo cumpliendo la normativa vigente. 

Pero también aseguró que las medidas cautelares tienden a perjudicar la gestión del Gobernador, desgastarlo políticamente e inhabilitarlo para futuras elecciones.

Un informe, presentado por la Gobernación, señala que el proceso de compra de los motorizados, que data de hace más de seis años cumple con todos los requisitos legales. Según la demanda de la Contraloría y Procuraduría General del Estado, con la compra de esos motorizados, Costas habría afectado las partidas del Programa de Seguridad Ciudadana.

Por su lado, Costas afirma que decidió comprar las 40 movilidades porque en 2007, había unas 100 mil personas en una emergencia climática que necesitaban ayuda y “por ello nos iniciaron un proceso”.