Mecanismos de la justicia en el caso León

El caso del abogado Eduardo León es exponencial del desempeño errático -por decir lo menos- del aparato judicial del país (Min. Público y tribunales). Contra todo principio jurídico primero se detiene para después investigar, atropellando la garantía constitucional de presunción de inocencia. Ocurrido esto y sindicado este abogado en principio como partícipe en trata y tráfico de menores, la frondosa comisión de fiscales asignada yerra en sucesivas imputaciones, facilitando a los jueces su actitud evasora y vigente la detención de León. Así la causa deambula por juzgados de La Paz y Oruro hasta que una juez de El Alto, revestida aparentemente de valor, decide la detención domiciliaria.

Sin embargo el fallo no se ejecuta por falta de un custodio policial en una plaza donde se cuenta con no menos de 30.000 efectivos de Policía. Entretanto la víctima, en este caso, permanece en celdas desde el 26 de mayo con el objetivo también de dar tiempo a los 4 ministerios para urdir sus querellas -como si alguien a control remoto manejara los hilos judiciales precisos-, querellas que enrostran al preso desde falsificación de la libreta d servicio militar y del título de abogado hasta resoluciones antieconómicas con afectación al Estado, cuando asesoró a una entidad pública, etc.

Para colmo y severamente aquejado de salud, el martirizado se interna en el Hospital General para desde su lecho de enfermo enfrentar medidas cautelares por las nuevas sindicaciones. No se puede menos que recordar que el señor José María Bacovic, procesado por el Estado, falleció por comparecer a una audiencia en La Paz, cuando galenos desaconsejaron su traslado por motivos cardiacos. Como entonces, ahora el IDIF sostuvo que León pese a su estado soporte la audiencia, contradiciendo el criterio médico del hospital.

De nada valieron las llamadas de atención formuladas a las autoridades por la Asamblea de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU, observando las irregularidades cometidas y el atentado al debido proceso por parte de las autoridades contra el ex defensor de Gabriela Zapata.

Si es como sostiene el Gobierno que se trata de una libreta militar falsificada y de otros documentos importantes, quiere decir que estos fraudes son moneda corriente en nuestro medio y que la ilicitud en los actos civiles es frecuente, factores indicativos de que nuestras instituciones no son confiables. Carencias como ésta solo conmueven a las autoridades cuando se trata de rebuscar faltas o delitos de quienes son réprobos para el oficialismo. ¿Cuántos de sus miembros no “cojearán del mismo pie”?, según palabras del multiprocesado.

No menos sugerente es que los ministerios de Defensa, Justicia y Educación fulminen rápidamente de un plumazo el título de abogado y la licencia de ejercicio profesional de Eduardo León, por falsificación, mientras una sindicación muy similar incoada al Vicepresidente no es admitida por la fiscalía. Dichas anulaciones requerían de inicio un proceso administrativo para derivarse luego a la Justicia Ordinaria. Claramente el abogado en cuestión -mediante los procedimientos señalados- está siendo exhibido como ejemplo de lo que espera a los que osan husmear en hachos como el del Fondo Indígena y otros de corrupción.