El gobierno del presidente Evo Morales y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia concluyeron un importante pacto mediante el cual se adoptará medidas para impulsar el desarrollo del sector económico comprendido en el Plan de Desarrollo Económico y Social proyectado para los años 2016-2020.
El acuerdo entre los dos sectores se produjo después de siete meses de distanciamiento, con motivo de la aplicación del segundo aguinaldo que fue cuestionado por los empresarios y que sigue siendo observado por la industria y el comercio y empezó a provocar el cierre de empresas que se sienten incapaces de enfrentar las nuevas obligaciones. Así mismo, la reunión tuvo como escenario de fondo el conflicto con la clase obrera fabril, que ocupó las calles y produjo enfrentamiento con policías, con lamentables bajas humanas.
El encuentro empresarios-empresa privada tuvo como objetivo inmediato abordar temas referidos a inversiones internas y externas; formas de reducir la pobreza; resolver asuntos referidos a las exportaciones de algunos productos nacionales de momento restringidos por el gobierno; superar problemas burocráticos que dificultan trámites para operaciones económicas de diverso tipo y, finalmente, adoptar medidas para atraer turismo, ramo que languidece en varias regiones del país.
El estudio y presentación de planes para resolver las dificultades que enfrentan esos seis sectores económicos, estará a cargo de seis mesas de trabajo que deberán encontrar las soluciones del caso y presentarlas al gobierno central para que las ponga en aplicación, atendiendo ante todo las demandas empresariales.
De otro lado, los empresarios privados plantearon la necesidad de dictar disposiciones reglamentarias para varias disposiciones legales que requieren esa complementación y sin las cuales no pueden ser aplicadas. Ellas son reglamentar las leyes de Inversiones, de Bancos y de Arbitraje y Conciliación que tardan meses en dictarse y ponerse en aplicación, provocando las dificultades lógicas a las que se suman las trabas burocráticas, freno a las inversiones, decaimiento del turismo, etc.
El convenio acordado entre el gobierno y los privados revela nuevas características en la política económica oficial, así como la actitud del sector capitalista empresarial, debido posiblemente a los efectos que está sufriendo la economía por el derrumbe de precios de las materias primas, los cambios de gobiernos en países vecinos y otros aspectos políticos a nivel internacional.
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