Con la mira puesta en “posibles planes de industrialización”, por instrucciones del gobierno, el Banco Central de Bolivia otorgó, en calidad de préstamos, un total de 20.884 millones de bolivianos a las principales empresas públicas hasta el 31 de diciembre de 2015 en el lapso de 10 años. Los importes otorgados son significativos: YPFB, 12.563 millones de bolivianos; Comibol, 2.149 millones; ENDE, 4.612 millones; EASBA (Empresa Azucarera de San Buenaventura) 1.560 millones. Los montos indicados son acumulación de 10 años. El año 2015, da los siguientes resultados: YPFB, 2.021 millones; Comibol, 1.263millones; ENDE, 1.026 millones; EASBA 248 millones; montos que totalizan 4.557 millones de bolivianos.
Es innegable que, conforme a inversiones importantes e interesantes que deban hacerse, sea el Banco Central el que soporte con créditos a las empresas públicas; pero, en todo caso, cuando se ha comprobado que han sido eficientemente manejadas y con resultados halagüeños para el país; pero, que se entregue dineros como para “un pozo sin fondo”, no se justifica. En todo caso, hay que suponer que las empresas recipendiarias de tanto dinero, han presentado estados de situación, balances, proyectos de factibilidad para nuevas inversiones y otros estudios documentales que sirvan para justificar debidamente los montos recibidos.
Hay que suponer, por principio, que las cuatro empresas han planificado debidamente su economía; saben sus ejecutivos y directores qué proyectos factibles hay, cuáles serán sus resultados a inmediato, mediato y largo plazo. Se supone que todo el crédito otorgado obedece a que se ha comprobado eficiencia, eficacia y responsabilidad en el manejo y, sobre todo, la realización de lo planificado.
Desde siempre, en anteriores gobiernos y en el actual se tenía siempre la convicción de que “los gobiernos no son buenos administradores de las empresas públicas” y que muchas de ellas, en lugar de ser soportes para las arcas del Estado han resultado que el TGN o el Banco Central les entregue dineros para sufragar las obligaciones que tienen; pero, hay que convenir también que cada administración lleva como compañía segura la posibilidad de eficiencia, eficacia y responsabilidad para el logro de buenos réditos.
El caso de YPFB es patético por el hecho de que en diez años no se conoce nuevos campos de petróleo y gas, especialmente si se toma en cuenta el caso Lliquimuni que ha resultado un total fracaso. Cabría preguntar, tanto YPFB como las empresas petroleras a las que se cambió contratos en mayo de 2006 qué inversiones se han hecho en prospección, exploración y explotación para encontrar petróleo y gas. Y, además, si hubo resultados satisfactorios, ¿qué nuevos campos de gas y petróleo están explotando YPFB conjuntamente las empresas extranjeras? Que el país conozca, nada.
Los dineros logrados debido a los altos precios del gas en el campo internacional, han dado lugar a reservas interesantes; pero, ¿corresponde invertir siquiera parte de ello en emprendimientos que nada redituen?
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