Conminatorias para los investigadores

Como conoce la opinión pública, el investigador Diego Ayo ha publicado una edición denominada La verdad sobre el Fondo Indígena, revelando con mayor profundidad los actos de corrupción generados en el mismo, pero la reacción oficial no se hizo esperar y está a cargo de la Interventora del Fondo, Larisa Fuentes, quien no ha tenido reparo en “conminar” al autor del libro a fin de que se retracte y en 48 horas proceda a retirar de circulación la indicada obra, bajo amenaza de someterlo a juicio. Dicha actitud vulneradora de la libertad de expresión es más propia de un estado autoritario e intolerante que de la democracia que el Gobierno dice haber instaurado.

Por fortuna en el país rige todavía la Ley de Imprenta, amparando no solo el ejercicio de la prensa propiamente dicha sino también todo tipo de publicaciones, folletos, libros, etc. Pese a la seriedad y a la abundancia de fuentes y datos recopilados por Ayo sobre la magnitud del desfalco ejecutado en el Fondo, como marco al que se sujeta el autor, la nombrada Interventora obvia la Ley de Imprenta y toma otros caminos. Si algo tuviera que observar al respecto, dicha ley le brinda instrumentos adecuados. Es que se trata de reeditar actitudes aplicadas contra quienes difieren del pensamiento oficial (caso León entre otros), echando mano de la intimidación no solo contra el ciudadano contestatario, sino a manera de elocuente advertencia e intimidación para el resto de “librepensadores”.

Quienes ofician como autoridades o funcionarios de los órganos del Estado, optan por estos atropellos tanto por quedar bien con las cúpulas gobernantes como por temor a las represalias o ante el peligro de despido de sus cargos como sanción por no haber cumplido con sus “deberes”.

Es que La verdad sobre el Fondo Indígena pone en evidencia al organismo creador de una nueva burguesía, no lograda por el esfuerzo y el trabajo personal, sino por la magnanimidad oficialista que hizo derivar recursos públicos, que más allá de las fronteras se considerarían sagrados, a cuentas bancarias personales a base de proyectos fantasmas y de la liberalidad señalada. No es como el primer mandatario dijo, que el daño alcanzaba apenas a dos millones y medio de dólares, mientras organismos oficiales daban montos mucho más elevados, pero siempre cortos ante la enormidad comentada.

Se especula mucho sobre que la Contraloría General fue la primera en revelar las irregularidades del caso, cuando lo cierto es que la prensa independiente fue denunciando regularmente el estropicio. También se pondera que los detenidos son más de una decena como implicados o sospechosos, pero ni se menciona a los más favorecidos, y los miembros del Directorio del Fondo Indígena gozan de buena salud, sin que el Ministerio Público, ni por si acaso, hubiera turbado su tranquilidad. Por supuesto, la ex ministra de Desarrollo Productivo, Nemesia Achacollo, cabeza de sector y presidenta del Directorio de esa entidad, no ha sido invitada a declarar hasta el momento.

La contribución de Ayo al esclarecimiento de estos hechos cobra mayor significación porque ilumina los alcances de este desfalco sin precedentes en el país, a diferencia de otras muchas tropelías y corruptelas que por falta de investigación terminan enterradas en el olvido y sus autores en el disfrute de lo mal habido para perjuicio del colectivo nacional.