Gobierno usa justicia contra opositores como en dictadura

El Gobierno utiliza a la justicia como en un gobierno de dictadura, porque persigue sólo a los opositores a su régimen en casos como Porvenir, la detención del abogado Eduardo León, ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), declaró a EL DIARIO el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández.

“Estamos viviendo en una dictadura, porque antes se usaban las armas para aquellos que piensan o tienen otra ideología. Ahora se utiliza el sistema judicial para iniciar persecución a los opositores”, afirmó.

Fernández afirmó que la detención ilegal de Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata, quien fue pareja del presidente Evo Morales, sirve como reflexión, aparte de que es un “sacudón” para el pueblo porque advierte que es poco transparente, es como “se estuviera viviendo tiempos de dictadura dentro de la justicia”.

PERSECUCIÓN

En relación a su caso, Fernández que se encuentra con detención domiciliaria. La exautoridad sostuvo que el Gobierno inició persecución política con la justicia, cuando era Prefecto de Pando. Posteriormente, se registró la misma acción para el exsenador Roger Pinto, el exgobernador del Beni Ernesto Suarez, el actual Gobernador de Santa Cruz Rubén Costas y el abogado León, por ser opositores al régimen masista.

En ese marco, Fernández afirmó que “la Cumbre de Justicia tiene el mismo objetivo, ejercer la dictadura, porque no existe un Estado de Derecho, lo que demuestra hay falta de garantías constitucionales para un debido proceso. Todo esto se refleja con la intención de controlar la justicia a favor del Movimiento al Socialismo (MAS)”.

DETENCIÓN

Actualmente, el ex Prefecto se encuentra con detención domiciliaria, en la zona sur de La Paz, sindicado de la denominada ‘Masacre de Porvenir’, por la muerte de 13 personas, el 11 de septiembre de 2008.

Fernández expuso que son ocho años que el Ministerio Público realiza las investigaciones y no encuentran pruebas contundentes para la acusación que se le formula. Censuró, asimismo, que los cambios de fiscales está dirigido a la no aceptación de sus pruebas, entre otros elementos que son influenciados por el partido de gobierno para que Fernández sea imputado por la fiscalía.

ANTECEDENTES

La querella fue iniciada el 11 de septiembre de 2008, con el argumento de que hubo un enfrentamiento armado en el municipio de El Porvenir, entre presuntos funcionarios de la Prefectura, conducidos por Fernández, contra personas que se trasladaron desde Riberalta, en vehículos.

A raíz de ello se menciona la muerte de Pedro Oshiro M., Celedonio Bazualdo G., Jhonny Cari S., Wilson Castillo Q., Alfonso Cruz Q., Arnoldo Gonzales I., Wilson Mejía M., Bernardino Racua C., Díter Tupa M., Alfredo Robles C., Félix Roca T., Ramiro Tiñini A. y Luis A. Rivero S.

La justicia le atribuye la responsabilidad de los actos violentos al entonces prefecto Fernández, quien está con detención domiciliaria en La Paz imputado por los delitos de asesinato, terrorismo, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves.