Con la futura Ley de Pérdida de Beneficio, que será aprobada hasta agosto de este año por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Gobierno pretende recuperar al menos 6 mil viviendas que no cumplieron su función social y que fueron en su mayoría comercializadas, alquiladas o abandonadas por sus beneficiarios.
El viceministro Bony Morales dijo que “con esta norma todas esas viviendas observadas, todas esas familias observadas, que no ocupan su vivienda, que la abandonaron, podremos recuperar para el Estado y reasignarlas”.
