Cumbre de Justicia debate acumulación de penas y endurecimiento de sanciones a jueces

Dentro de los ocho pilares que el Gobierno mantiene como propuesta para reformar la justicia en Bolivia, ayer en la inauguración de la Cumbre de Justicia, el vicepresidente Álvaro García planteó debatir la cadena perpetua para delitos de violación a menores, la acumulación de penas a los reincidentes, vigilancia de jueces y fiscales a través de agentes encubiertos.

García, admitió que durante la primera selección y elección por voto popular de magistrados se “cometieron errores”, porque los candidatos fueron avalados por organizaciones sociales por lo que pidió que la Asamblea Legislativa, que él preside, se reivindique, modificando el procedimiento de calificación de los candidatos para que sean los mejores abogados los que vayan a ocupar cargos jerárquicos.

INSPECTORÍA

En este sentido, propuso despojar al Consejo de la Magistratura la facultad de fiscalizar a los jueces y vocales, y que este control pase a manos de “una Inspectoría de Control, y reducir personal a esta instancia.

Del mismo modo, propuso que el trabajo de los administradores de justicia sea fiscalizado, a través del seguimiento con agentes encubiertos, que operen en juzgados, fiscalía y en todos los organismos de la justicia.

En ese sentido, Linera enumeró varias propuestas para que sean debatidas en las seis mesas de trabajo que desde ayer están en deliberaciones, y luego emitir conclusiones.

Entre las consideraciones que el Gobierno ha presentado mediante sus representantes, está el Instituir que la Policía y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) deben ingresar a una carrera de profesionalización, en base a un nuevo diseño de carretera en la Policía Boliviana.

Modificar el régimen de control de los operadores de justicia.

También plantean modificar el Código de Procedimiento Penal para que las filmaciones y grabaciones de celulares tengan categoría y validez de prueba plena e idónea. Inhabilitar del ejercicio de la abogacía a cualquier fiscal o juez encontrado en flagrancia, cometiendo actos de corrupción. Lo mismo para el abogado de profesión libre.

Por otro lado, está el acortamiento de los plazos procesales. Para las contravenciones menores, un tiempo de juicio de un día a una semana. Para los delitos mayores, de seis a doce meses, y para los crímenes, un máximo de duración de 16 a 18 meses, con sentencia obligatoria.

En el caso de Régimen Penitenciario, aplicar la diferenciación para detenidos preventivos y personas con delitos leves y graves.