Cancilleres Choquehuanca y Muñoz coinciden en OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA) realiza en Santo Domingo, capital de República Dominicana, su Asamblea General número 46 donde coincidirán los cancilleres de Bolivia, David Choquehuanca, y de Chile, Heraldo Muñoz.

En la oportunidad, el diplomático boliviano aprovechará para exponer el conflicto entre Bolivia y Chile en torno a la demanda que presentó el vecino país ante la Corte de La Haya por el uso de las aguas del Silala.

La asistencia de ambos diplomáticos está garantizada según fuentes diplomáticas de ambos países.

El evento tendrá como principal punto la situación de Venezuela, aunque está fuera de la agenda oficial, y la crisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También la asamblea general de la OEA tratará el desarrollo sostenible de la región, aunque el tema latente es la situación venezolana. El canciller Choquehuanca antes de su viaje a Centroamérica anunció que aprovechará la asamblea para denunciar los “atropellos” de Chile a los bolivianos.

En las últimas semanas las relaciones de ambos países se han distanciado, esta próxima la entrega de la contramemoria chilena en la Corte Internacional de Justicia por el proceso que le sigue Bolivia; además Chile presentó una demanda ante la misma Corte por las aguas del Silala y Bolivia anunció una contra demanda.

Además de la demanda y la contrademanda, los primeros días de junio el Gobierno boliviano denunció que Chile vulnera del derecho al libre tránsito de mercadería boliviana que pasa por el puerto de Antofagasta, elemento que va en contra del artículo 6 del Tratado de Paz y Amistad de 1904.

En conferencia de prensa, Alurralde, la Asociación de Mineros Medianos y la Cámara Nacional de Exportadores hicieron públicos los “atropellos” de Chile en el puerto de Antofagasta, por el desalojo de la carga boliviana del puerto, reajuste unilateral de tarifas y los obstáculos al libre tránsito.

Chile privatizó los puertos marítimos para que estos puedan regular libremente los precios de la carga del transporte pesado, elemento que es ilegal, porque el Gobierno chileno lo hizo sin consultar a Bolivia, apoyándose en las atribuciones dadas a las empresas privadas, según el Vicecanciller.