Cumbre de Justicia y sugerencias


 

En vista de que -según definiciones de las dos máximas autoridades del país- la Justicia en Bolivia se encuentra “podrida”, “en terapia intensiva” y otras definiciones denigrantes, el Gobierno convocó a la Cumbre Nacional de Justicia Plural que, previas consultas departamentales, se realizó los días 10 y 11 del presente mes en la capital de la República, dejando sin efecto la idea de realizarla en Cochabamba.

La Cumbre reunió a unos 1.600 delegados de diversas instituciones oficiales, aunque el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana hizo abandono del acto, mientras algunos Colegios de abogados lamentaron no poder haber asistido, mientras se denunció que la asamblea más parecía “una cumbre del partido político gobernante”, pues los asistentes saludaron el inicio de la reunión con el puño en alto.

Lo importante del concilio fueron sus decisiones que giraron más en torno a la administración de justicia que a la justicia en sí misma, como revelaron las conclusiones de seis mesas de trabajo, algunas de las cuales pueden ser observadas con anticipación a su ejecución y que merecerán reformas constitucionales y un referéndum para ser incluidas en una reforma de la Carta constitucional vigente. Fue muy notorio que no se hizo la menor mención a la solicitud de aumento del presupuesto estatal para el Órgano Judicial ni la independencia judicial.

Lo más notable de las conclusiones aprobadas consiste en que se seguirá aplicando la elección de magistrados por vía popular, procedimiento que fracasó en anterior oportunidad y fue causa para que la administración de justicia ingrese en una etapa de agudo deterioro, inclusive reconocido por el Gobierno. Pero, en el fondo, esa fórmula electoral nada tiene de “socialista”, como se piensa y, más bien, como está diseñada, es antidemocrática y antisocialista, pues es un sistema feudal de arriba abajo y se funda en designaciones y no en elecciones.

Otro aspecto notable es que considera la aplicación de la pena de muerte y la condena perpetua como soluciones a la corrupción y algunos delitos, sugerencias que también pecan de anacrónicas. Esas sanciones penales continúan el ritmo de disposiciones anteriores que crean delitos y aumentan en número de penas, que lo único que harán es llenar las cárceles, ya abarrotadas por disposiciones recientes que no atacan el fondo del problema sino sus efectos.

El resultado de las mesas de trabajo al parecer se limitó a recoger sugerencias, por el corto tiempo que tuvo para estudiar el delicado problema judicial. No consideró el asunto de la Justicia en sí misma y en cuanto a la administración de la misma (asuntos muy diferentes), propuso medidas, como una purga de jueces, vocales, fiscales, policías y abogados de todo el país en el plazo de 130 días, medida que podría provocar reacciones personales y efectos administrativos inesperados. Tales aspectos junto con otros derivarían en un resultado que sería peor que la enfermedad, algo que, sin embargo, solo podrá conocerse como resultado de la práctica.

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