La prensa independiente en estado de emergencia

Los medios de comunicación independientes se encuentran en estado de alerta y de emergencia, tras las palabras y advertencias del vicepresidente Álvaro García y del presidente Evo Morales, que calificaron a esos medios como una “mafia”, afirmó el ex presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) Antonio Vargas, quien también convocó a las organizaciones de los trabajadores de la prensa a pronunciarse, porque de lo contrario su silencio puede ser considerado como “cómplice”.

“Los gremios periodísticos tienen que salir a las calles, manifestarse, pronunciarse y hacer ver a la ciudadanía y al propio Gobierno de que la prensa está unida y que de ninguna manera va a bajar las manos frente a un acto completamente arbitrario y abusivo del poder político. Son los llamados a pronunciarse, a declarar al gremio en estado de emergencia. Sin embargo, nos extraña que los dirigentes que están en funciones no digan nada. Les hago recuerdo a los colegas que están como dirigentes y que su silencio está siendo confundido con complicidad”, afirmó Vargas.

El Expresidente de la APLP, en contacto con radio Panamericana, rechazó las acusaciones del vicepresidente Álvaro García que calificó a los medios independientes como una “mafia mediática”, además que advirtió con procesos y cárcel para quienes supuestamente “le mintieron a Bolivia” por los sucesos en torno al escándalo que vinculó a Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales, y el tráfico de influencias con la empresa CAMC.

“Yo le recuerdo al señor Vicepresidente que la mafia es una organización criminal y donde se ha encontrado a organizaciones criminales ha sido precisamente en el sistema judicial, ha sido precisamente en el mismo Gobierno donde hemos tenido que escuchar azorados, por ejemplo, lo que ha sucedido con el caso Catler, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso Zapata”, afirmó.

Para Vargas, esta situación de la que García responsabiliza a los medios de comunicación, opositores y abogados “es una situación absurda, contraria a la Constitución (Política del Estado) y una maniobra política que busca la autocensura en los periodistas y la censura a la opinión pública”.