Asociaciones de periodistas del país rechazan acusaciones del Gobierno

(ANF).- Las asociaciones de periodistas de cinco departamentos emitieron ayer un comunicado en el que critican que se llame “mafias” a grupos de medios de comunicación, al mismo tiempo que defiende la vigencia de la Ley de Imprenta y la libertad de expresión.

El comunicado, firmado por las asociaciones de los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Potosí, Santa Cruz y Tarija, rechaza también la pretensión de un juez de conocer los nombres de los periodistas que estuvieron involucrados en la redacción de notas que tuvieron como fuente declaraciones de Gabriela Zapata, la exnovia del presidente Evo Morales.

“Los periodistas no son parte de mafias y no cometen ningún ‘delito’ en su labor de informar a la población. Esta tarea siempre incomodó a los gobiernos. Las constantes acusaciones en contra de periodistas vulneran no sólo el derecho a la información de estos trabajadores, sino también violan ‘el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información’ de ‘las bolivianas y los bolivianos’ que consagran nuestras leyes en vigencia”, asegura el comunicado.

Aunque no lo mencionan por nombre, las asociaciones se refirieron con ello a la reciente declaración del vicepresidente Álvaro García Linera en la que acusó a cinco medios de comunicación de conformar una “mafia mediático-política”, supuestamente destinada a mentirle al país y de haber provocado el escándalo Morales-Zapata.

En referencia al pedido judicial de que se revelen los nombres de los periodistas, el texto agrega que “la conminatoria judicial para que medios de comunicación social ‘delaten’ a los periodistas que cubren las fuentes judiciales, vulnera los principios de la Ley de Imprenta, los derechos de los periodistas y los derechos de la población”.

Los firmantes también reiteran “su firme defensa” de la libertad de expresión y la Ley de Imprenta y su posición “en contra de toda amenaza que pone en riesgo estas libertadas consagradas, no sólo en la CPE, sino también en pactos internacionales refrendados por el Estado y el Gobierno bolivianos”.

Finalmente, el texto señala que ofrece su “apoyo a periodistas que son amedrentados en su función de informar a la población”.