En EEUU ordenan que continúe proceso contra Sánchez de Lozada

El Tribunal Federal de Apelación del circuito 11 de Estados Unidos, basado en Miami, rechazó un intento de desbaratar una demanda contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por los sucesos de octubre de 2003.

La corte de apelaciones decidió devolver el caso al tribunal de distrito con el mandato de que se inicie la fase de exhibición de pruebas, informó una nota de prensa del departamento de derechos humanos de la Universidad de Harvard, EEUU.

La estrategia de la acusación se basa en afirmar que los familiares de las víctimas no han logrado recibir justicia en su país de origen (Bolivia) y que por lo tanto pueden acudir a los tribunales donde los demandados residen (EEUU). Es la primera vez, dice el comunicado, que ello ha sido aceptado en EEUU.

El fallo se basa en la lectura de la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA, por su nombre en inglés), que permite que las familias de los afectados presenten sus demandas por “ejecución extrajudicial” en tribunales de EEUU, después de haber agotado los recursos disponibles en sus países de origen.

En mayo del año pasado, como parte de este proceso, el expresidente respondió durante siete horas a las preguntas de los nueve abogados acusadores. Fue la primera vez que Sánchez de Lozada comparecía ante la justicia.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín han señalado que los sucesos de octubre no implicaron “ejecuciones”, sino que las muertes surgieron de represión policial y militar “legítima” destinada a mantener la paz social y que cualquier Estado tiene derecho a usar los mecanismos que le da la ley para evitar conflictos y sublevaciones.

Las familias de ocho personas muertas en los hechos de octubre, que dejaron más de 60 fallecidos cuando el Ejército y la Policía reprimieron movilizaciones y protestas contra el Gobierno de Sánchez de Lozada, realizan desde hace una década un juicio civil contra el exmandatario, que pese a los distintos obstáculos, dio ahora un paso importante.

El proceso no busca una pena de cárcel para Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ni su extradición, sino el resarcimiento económico a los miembros de las ocho familias. Ambos residen en EEUU desde 2003, cuando fugaron del país en medio de las protestas que tumbaron su Gobierno. El expresidente vive en Washington, mientras el exministro reside en Miami.

Según los demandantes, el expresidente y su exministro ordenaron ejecuciones extrajudiciales. La demanda alega que, meses antes de esta violencia, los dos acusados elaboraron un plan para matar a miles de civiles, agrega la nota de prensa.

También se los acusa de haber utilizado intencionadamente “fuerza letal” para reprimir las protestas, es decir que excede lo que la democracia permite como represión militar y policial. El texto recuerda que unos 400 civiles resultaron heridos cuando los uniformados policiales y militares dispararon contra civiles.

La decisión sienta un precedente importante porque ninguna corte de apelaciones federal había considerado previamente los argumentos de demandados sobre el agotamiento de recursos en el extranjero.

“Estados Unidos no debe ser un refugio para quienes violan los derechos humanos” dijo Beth Stephens, abogada cooperante con el Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), quien representa a los demandantes.