Diversas políticas económicas de gobierno han causado con frecuencia graves daños al país y así no solo lo condenaron a la pobreza y el atraso sino a originar creciente desarrollo de la miseria popular y del mismo Estado. En efecto, el ostensible descuido de las autoridades que manejan las riendas políticas del país determinó agudos estados de crisis no solo de corto o mediano, sino de largo plazo.
Un problema de esa naturaleza que se constata al presente consiste en que cuando se produjo la etapa de bonanza, debido a la carencia absoluta de previsión no se hizo las inversiones necesarias, se procedió al derroche de fondos públicos y se dio luz verde a la corrupción (como en el caso del Fondo Indígena), cometiéndose, en esa forma, errores de costosas consecuencias y ya imposibles de solucionar cuando se precipitó la crisis.
Pero esa actitud equivocada y hasta irresponsable (utilizando conceptos generosos), ya en sí misma lamentable, resulta que no es rectificada y, más bien, se la empeora con conocimiento de causa en la etapa de crisis declarada, con políticas inoportunas y distantes de la realidad. Es más, esa actitud se agrega a las imprevisiones de la primera etapa, lo cual ya puede considerarse como acciones sumatorias poco menos que suicidas.
En los últimos diez años la economía boliviana, administrada por el gobierno de Evo Morales, tuvo ingresos económicos extraordinarios como jamás conoció el Estado y que causaron el asombro de la población, que pensó que el país iba ingresar en un proceso de desarrollo definitivo. Pero, para sorpresa general, esa prosperidad no se registró, no hubo industrialización del país, no fueron reformadas las estructuras fundamentales de la economía y, más bien, se confirmó que la riqueza producida por el alza de las materias primas se utilizó en objetivos no-productivos e inversiones faraónicas de simple maquillaje.
Finalmente, pasada la bonanza originada en factores externos y no por causas internas, el país encara otra sorpresa que consiste en que se repiten las improvisaciones, vale decir no se adopta las medidas necesarias para enfrentar la crisis en desarrollo. Es más, se continúa aplicando políticas de la época pasada, facilitando el crecimiento del déficit fiscal, caída de operaciones de unas doce entidades financieras, cambio de la calificación externa de los bonos de positiva en negativa, etc. Tampoco se encara la solución del problema agrario que determina la caída de la producción de alimentos y el avance del contrabando, que están dando muerte a la industria. En pocas palabras, el Gobierno no ha previsto los alcances de la recesión causada por la baja de los ingresos por hidrocarburos y minerales, por hacer referencia solo a algunos aspectos notables. En síntesis, imprevisiones sobre imprevisiones.
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