Deploran que la Cumbre no haya aumentado presupuesto judicial

En el marco de una evaluación a las conclusiones de la Cumbre de Justicia, que se celebró la semana pasada en Sucre, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz expresó su postura, deplorando que en el importante evento no se haya viabilizado el incremento al presupuesto judicial de 3%, como fue su propuesta.

Reunidos en sala plena, los vocales del Tribunal Departamental observaron que las propuestas técnico/jurídicas que los tribunales departamentales presentaron no han sido tomadas en cuenta en la Cumbre de Justica, informó la presidenta de la justicia paceña, Carmen del Río Quisbert.

La autoridad explicó que dentro de la propuesta presentada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la asignación presupuestaria para la justicia debería incrementarse del 0,40 por ciento, que recibe en la actualidad, a por lo menos el tres por ciento, en proporción al Presupuesto General del Estado (PGE).

Precisó que en 2014 el monto fue de Bs 259.459.000 millones, en 2015 de Bs 799.734.000 millones y para este año se programó 850.336.000 millones, es decir, entre el 0,26% y el 0,40%.

Aseguró que, por ejemplo, un nuevo presupuesto permitiría resolver la falta crónica de personal en el Órgano Judicial. “En La Paz, hace un año nos han reducido cerca de 60 ítems y al momento falta la reposición de 17 de esos cargos para el personal subalterno; entre 2015 y lo que va del 2016 se han presentado 65 renuncias de funcionarios judiciales y al momento tenemos 28 acefalías de vocales y jueces”.

“Tenemos una sola Juez de la Niñez y Adolescencia para atender más de 7.000 causas; en las otra materias, en promedio, cada juez tiene sobre sus espaldas más de 1.000 trámites que son humanamente imposibles de atender en los plazos procesales”, ejemplificó y propuso que el número de ítems de jueces y vocales que al momento llega a 1.180 en todo el país, sea al menos, duplicado.

En efecto, dentro de las conclusiones a la que se llegó, se siguió la línea marcada en el discurso del vicepresidente Álvaro García, quien en nombre del Gobierno condicionó el incremento del presupuesto para el Órgano Judicial a “resultados”, cuyo procedimiento de evaluación es calificado de incierto por esta instancia, al igual que la idoneidad de quienes estarán a cargo.

La autoridad detalló que sus propuestas fueron desoídas, debido a la desproporción entre los representantes del poder judicial y organizaciones civiles que desconocen el tema técnico y reveló que cerca del 99 por ciento de los participantes en las seis mesas de trabajo, fueron de organizaciones sociales y representantes del Ejecutivo y Legislativo.

“Los representantes del Órgano Judicial no llegábamos al 1% en relación a los más de 1.500 delegados asistentes a la Cumbre Nacional, y esto bajó a la mínima expresión la representatividad de magistrados, vocales jueces”, informó Quisbert al señalar que no se pudo lograr un respaldo mayoritario para mejorar las condiciones presupuestarias con un porcentaje concreto.

Dentro de las conclusiones de la Mesa 3 en la Cumbre de Justicia figura “mejorar las condiciones materiales y presupuestarias del Órgano Judicial, condicionado a un estudio previo de necesidades a nivel nacional y por regiones”. Al respecto, Quisbert afirmó que por esa decisión, que calificó de “genérica”, en 2016 no habrá un incremento de presupuesto, lo cual impide llevar adelante medidas estructurales de transformación con resultados óptimos a corto, mediano y largo plazo.

NECESIDAD Y PRESUPUESTO

- Mejorar las condiciones materiales y presupuestarias del Órgano Judicial, Ministerio Público, Régimen Penitenciario, Defensa Pública y otros servicios, condicionado a un estudio previo de necesidades a nivel nacional y por regiones en el sistema de justicia para dar celeridad a los procesos judiciales, mejorar la calidad de atención que brinda a la ciudadanía, ampliando la cobertura de servicio conforme a las necesidades de las regiones, mejorando los recursos humanos, tecnología e infraestructura.

- Implementar mecanismos que permitan la programación, uso y control del presupuesto asignado y generado por el Órgano Judicial.

- Reingeniería de la actual distribución del personal judicial reduciendo el personal administrativo y del Consejo de la Magistratura para aumentar jueces. Asignar más funcionarios al área urbana y rural previa evaluación de necesidades y conflictividad.

- Los operadores de justicia deben dar señales de efectividad y de compromiso social con el actual presupuesto, para demostrar y justificar la necesidad de la mejora presupuestaria.

- Se debe realizar auditorías financieras y presupuestarias, para transparentar y conocer cómo realizó el gasto el Órgano Judicial en los últimos años.

- Rediseño de la estructura salarial para operadores de justicia y proveer recursos para el gasto operativo.

- Del presupuesto existente en el Órgano Judicial, se debe mejorar su distribución, para la atención a grupos vulnerables y casos descritos en la Ley 348.