De acuerdo al analista económico Julio Alvarado, en la actualidad dos factores son los que impulsan el aumento de conflictos sociales en el país, que se concretizan en diferentes expresiones de protestas a nivel nacional.
“La convulsión social que se incrementa día a día responde a dos causas, la primera se debe a los efectos de la crisis económica, que empieza a afectar algunos sectores, cuyo hecho provoca el reclamo de estos”, indicó.
Como segundo factor, Alvarado señaló la existencia de un descontento en varios sectores sociales, por la reiterada vulneración de los derechos humanos y los derechos consagrados en la propia Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, el no respeto a la norma, al debido proceso, como es el caso de la norma impositiva, que no se aplica a todos, citando casos concretos.
Los productores de hoja de coca mueven alrededor de 300 millones de dólares, suma que debieran pagar impuestos por la actividad que realizan, y los tributos ser destinados al Tesoro General de la Nación (TGN), pero no llega a las arcas del Estado.
A ese sector no le hacen nada, no les cierran sus catos, no les clausuran sus plantaciones, no los multan; por el contrario, se los fomenta y se les recibe en Palacio de Gobierno. “Esta preferencia muestra que hay ciudadanos de primera y de segunda, los que no pagan impuestos y los desatendidos”, reflexionó Alvarado.
Continuó diciendo que, “por lo tanto, los productores de coca son ciudadanos privilegiados, que no son sancionados pese a que vulneran la ley. A ello se suma el sector cooperativista, que el 2015 movió mil millones de dólares en exportación de minerales y sólo pagó el 1% de impuestos. Mientras que a otros sectores formales se les aplica el 13%. Entonces, aquí hay una diferenciación o discriminación, lo cual genera descontento en la población”.
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