Exfiscal revela que no existen indicios contra Jhiery F. S. en caso Alexander

En declaraciones ante el Tribunal Décimo de Sentencia, Lizzeth Zarco reveló que como parte de la primera comisión de fiscales que investigó las causas de la muerte del bebé Alexander, no se encontró indicios de responsabilidad que involucren al médico Jhiery F. S. como el autor de un supuesto abuso sexual en contra del menor, quien perdió la vida el 13 de noviembre de 2014, en el hospital Juan XXIII, informó la abogada del galeno imputado, Mónica Palma.

La declaración de Zarco se dio en el marco del juicio oral del “caso bebé Alexander”, en el que figuran como imputados la médico internista del Hospital de Clínicas, Sandra M. C; el médico y la enfermera del Hogar Virgen de Fátima (ahora, Niño Jesús), Jhiery F. S. y Lola R. O., por la supuesta comisión de los delitos de homicidio culposo, encubrimiento y violación de niña niño adolescente.

Con ese testimonio, la anterior semana se dio por cerrado la etapa de toma de declaraciones a los cerca de un centenar de testigos presentados (fueron ofrecidos 162) por el Ministerio Público y la defensa de los acusados.

TESTIMONIO

“La exfiscal (Zarco) dio testimonio de varios elementos importantes, como es el hecho de que la distancia que había entre el dormitorio del doctor Jhiery F. S. y la sala donde el bebé Alexander descansaba, es muy considerable. Que la mamita (Madelen P. Ch., que era la responsable del niño y de otros ocho, en la sala 2 del Hogar), esa madrugada descansó a cuatro cunas de distancia donde estaba el bebé, y que haciendo una sumatoria de tiempos, la mamita dejó solos a los bebes por seis minutos”, afirmó Palma.

De acuerdo a la declaración de Zarco, en la inspección técnica ocular y reconstrucción de hechos (20 de noviembre de 2014), se estableció que el bebé Alexander no presentaba signo alguno de sangrado y que, debido al cuadro de atragantamiento que tuvo, fue trasladado por la enfermera Lola R. O. a la Sala de Emergencias del Hospital del Niño, a donde llegó con pijama y se procedió a su reanimación.

Suleyka Lanza, abogada de la médico internista Sandra M. C., también informó que la fiscal Susana Boyán retiró a cerca de 40 testigos de cargo propuestos por el Ministerio Público.

PROCESO

La jurista señala que luego que Edwin Blanco dejó el proceso para asumir el cargo de Fiscal de Distrito, Boyán se encontró con la declaración de los investigadores, quienes señalaron desconocer los indicios en los que los fiscales basaron la imputación de una supuesta violación.

“Los investigadores han dicho, con claridad meridiana, que se ha violado la cadena de custodia de las pruebas; que las declaraciones no fueron tomadas por los fiscales”, afirmó Lanza.

En esa línea, según Palma, la declaración de Zarco toma mayor relevancia, debido a que con su testimonió la relación de hechos presentada por la fiscal Boyán se va desvirtuando.

Para Lanza, lo más importante es que ninguno de los testigos ha demostrado la posible participación de los imputados en el supuesto abuso sexual. Al contrario, se puso en evidencia la serie de falencias cometidas por la forense Ángela Yarmila Mora, quien no cumplió con los procedimientos en el reconocimiento físico del menor para emitir su informe, y solo señaló la violación contra el menor, por la cual se imputó al médico de turno en el Hogar, Jhery F. S., quien está detenido desde diciembre de 2014, en el penal de San Pedro.

PROCESO DIRIGIDO

El 21 de mayo de 2015, luego de ser alejada del cargo de fiscal departamental Patricia Santos, afirmó que la “hipótesis, en realidad, la ha sustentado el señor fiscal general (Ramiro Guerrero) y será esta autoridad la que deba responder al respecto”.

Santos, quien aún era titular de ese cago, afirmó que su alejamiento fue una represalia “por haber permitido” que se procese al sobrino de la máxima autoridad del Ministerio Público, quien fue detenido el 9 de enero de ese año, por un presunto delito de extorsión.

El altercado del sobrino de Guerrero se reactivó el 27 febrero, cuando Santos fue informada de las atribuciones que se tomó el enviado especial de la Fiscalía General, Gastón Corrales Dorado, en la dirección funcional de la investigación del caso Alexander.

Corrales junto al actual fiscal departamental, Edwin Blanco, negociaron los términos del proceso abreviado al que pretendían someter al médico del hospital Juan XXIII, Roberto G. R., sin informar a Santos, además, bajo criterios legales distintos a los de la exfiscal.