Fiscalía aún sin respuesta sobre procesos abreviados

Las solicitudes realizadas por la exjefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAPS), Cristina Choque, y el responsable de almacenes, Jimmy Morales, para acogerse a procesos abreviados, aún no tiene respuesta por parte de la Fiscalía, según informó el abogado Marco Guía, dentro del caso de “tráfico de influencias CAMC”, en el cual está involucrada la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata.

La semana pasada, Martha Requena, abogada de Choque, hizo conocer que su cliente ante la comisión de fiscales solicitó acogerse a proceso abreviado al igual que su excompañero de trabajo, Jimmy Morales.

Sin embargo, el fiscal general, Ramiro Guerrero, negó que esas solicitudes hayan sido aceptadas y condicionó su aprobación a un análisis del pedido, pero que hasta el pasado viernes no existía ningún documento presentado por parte de los dos imputados.

Consultado sobre el tema, Marco Guía, abogado de Jimmy Morales, informó ayer que no había respuesta y adelantaba que de todas maneras, se continuaba trabajando en la defensa técnica.

Sobre el procedimiento, Requena detalló que de darse un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, para acogerse a un proceso abreviado, se debe suscribir un “acuerdo transaccional” que debe ser puesto en conocimiento de un juez, quien procederá a convocar a la audiencia correspondiente.

PROCESO ABREVIADO

De acuerdo a otros antecedentes, en el acuerdo de procedimiento abreviado, la o el imputado reconoce la comisión de un delito y ofrece una relación de hechos que, por su naturaleza, implicarán a sus supuestos cómplices o autores del hecho.

Familiares de Choque afirman que ella buscó esta salida alternativa, debido al deterioro de su relación familiar.

Choque, con dos hijos, dejó de dar de lactar a su niña desde que la menor contaba con cuatro meses, debido a las restricciones que se tiene en el penal de Obrajes, a donde se le prohibió el ingreso continuo de la menor, pese a que por esta situación ella estaba protegida.

Sin los recursos económicos para afrontar los gastos de un juicio que puede durar varios años, Choque tomó la decisión. La imputada es sindicada por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes del Estado y favorecimiento al enriquecimiento de particulares con afectación al Estado, luego de que se diera a conocer la relación que Zapata tuvo con el presidente Morales en 2007 y que este sería el nexo para que en su calidad de gerente comercial, Zapata y autoridades de Gobierno incurran en el tráfico de influencias, por el cual se favoreció a la CAMC con la adjudicación de varios contratos.