El cambio de relaciones de fuerzas en la vida política del país ha seguido acentuándose en últimas semanas sin que se observe posibilidades de retorno a las condiciones anteriores al referéndum constitucional del 21 de febrero pasado, en el cual el partido gobernante, el MAS, sufrió una derrota contundente por el natural desgate que sufren los gobiernos cuando se mantienen en el poder por mucho tiempo y, además, hacen esfuerzos para prorrogarse indefinidamente en esa posición.
El estado de declinación de las fuerzas políticas gobernantes proviene de años atrás, cuando empezó a manifestarse como efecto de la derrota que sufrieron en las elecciones para gobernadores y alcaldes, la cual fue seguida de otro fracaso oficial con motivo del referéndum de las autonomías y, finalmente, el impacto que soportaron con motivo del referéndum por la reforma de la Constitución, en lo que se refiere a evitar la continuidad en el mando del país del actual grupo gobernante.
Esas decisiones populares expresadas en elecciones terminaron por cambiar la relación de fuerzas, motivo por el cual las tendencias hasta entonces dominantes pasaron del avance a la retirada, mientras las corrientes que se encontraban en la defensiva, empezaron a pasar de la defensiva al ataque, situación general que, inclusive al margen de las voluntad de la población, se sigue produciendo de manera incontenible.
Tras esas crisis electorales una ola de agudos problemas se presenta para el frente oficial, registrándose sucesos notables que no son producto de maniobras de la oposición y solo son resultados del desarrollo de la vida de nuestra sociedad. En efecto, se produjo la difícil situación del Fondo Indígena, la debilitación en el panorama internacional con los casos de Argentina, Brasil y Venezuela, el caso Zapata, el asunto del tráfico de influencias y el problema de los discapacitados que ya dura meses.
Pero, como dice la sentencia popular, “sobre mojado, llovido”, pues se registró el fracaso de Lliquimuni, el bajón continuado de los precios de las materias primas, la difícil situación de la minería, en particular de Huanuni y otras, los problemas de algunas empresas estatales, el cierre de 63 industrias (entre ellas cuatro de gran magnitud) y, por si fuera poco, los enfrentamientos con abogados, periodistas, discapacitados, gremiales, y finalmente con el caso Enatex que además de enfrentar a los gobernantes con la clase obrera, produjo un rompimiento de hecho entre el Gobierno y la COB y la necesidad de que el Gobierno se alíe con la empresa privada, sin hacer referencia al derrumbe de los ingresos nacionales por la caída de las exportaciones.
Para completar ese panorama tan poco optimista, el Presidente sufrió una lesión en la rodilla por un mal juego en fútbol, que lo tiene postrado, mientras el asunto del Silala ha caldeado el ambiente por la demanda chilena ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y estalló una huelga general de la clase obrera del país que, como asunto político, es de características preocupantes.
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