Hasta hace una década, la función vicepresidencial fue considerada la “quinta rueda del carro”, como escribió un libro con ese título un destacado profesional que ocupó esas funciones, pues sus competencias estaban enmarcadas en las labores legislativas, por lo que pese a seguir los lineamientos políticos del régimen de gobierno, al haber sido elegido junto al presidente, en alguna medida se mantenía la independencia del Órgano Legislativo ante el Ejecutivo, y las funciones vicepresidenciales adquirían más notoriedad en ausencia del presidente.
Es en estos tiempos del populismo del cambio (¿) que las funciones vicepresidenciales han adquirido la categoría de copresidencia, pues además de ser el vicepresidente de gobierno, con funciones legislativas, interviene en todas las instancias del poder político y en todos los órganos o poderes, haciendo también las funciones de portavoz del régimen. Es también el autor y promotor de las políticas del gobierno en funciones, desde hace diez años, y sus planteamientos de programa que en 2006 fueron publicados en Internet, se han cumplido a cabalidad, como judicializar la política, dar más importancia a ser dirigente sindical que a tener títulos profesionales, desvalorizar los hechos históricos del pasado, etc.
En las permanentes conferencias de prensa que efectúa el señor García Linera, no para tratar asuntos del Órgano Legislativo que él encabeza, sino de toda índole, aun aquellos que tienen que ver con la vida privada del presidente, como el asunto Zapata, casi siempre o la mayoría de las veces, aparece predicando odio y enfrentamiento político, es decir dando a la línea axiológica del régimen el anti valor contrario al amor humano, el odio al que piensa distinto.
En los pasados días, el señor García Linera en un incendiario discurso arremetió contra los opositores, abogados y medios de comunicación social, acusándolos en lo que para él sería una “mafia mediática política” y que no habrá perdón para ellos, debiendo ir a la cárcel por conspirar contra el presidente Morales. En su rabioso ataque se refirió a los medios como: “medios de comunicación mentirosos y unos políticos tramposos, que juntos han hecho una conspiración política-mediática contra Bolivia, porque el daño no solo es a Evo, es a todos los bolivianos…”. Lamentablemente no ha faltado una autoridad judicial que, prontamente, ha dispuesto que algunos medios le envíen el material que dio origen a sus informaciones, con nómina de conductores de programas, periodistas, etc., seguramente para procesarlos judicialmente, como es frecuente en estos tiempos del cambio.
Lo que sucede es que los oficialistas del gobierno no han podido asimilar, democráticamente, el rechazo rotundo del NO a la repostulación inconstitucional de los primeros mandatarios en el referéndum del 2l de febrero, argumentando que habría sido el asunto Zapata el que volcó el voto ciudadano de rechazo a la pretensión del poder “para siempre”, cuando hemos espectado que la tal comisión legislativa para investigar el asunto del tráfico de influencias, determinó que no hubo tal tráfico y que pese a que los millonarios contratos a la empresa china CAMC fueron casi todos por invitación directa, la limpidez y transparencia fue la nota, cuando la misma imputada por varios delitos, señora Zapata, en una de sus declaraciones vinculó a un ministro en funciones y un ex ministro del régimen, de haberle visitado y fue el mismísimo ministro de la Presidencia que, en una denuncia al Ministerio Público, asegura la existencia de una “organización criminal” dirigida por Zapata y una alta funcionaria de ese ministerio, para seguramente organizar y beneficiarse del tráfico de influencias.
Lo que ha determinado el contundente rechazo ciudadano a la pretensión reelectoralista del oficialismo, es un cansancio por la deficiente gestión pública, el despilfarro y derroche de recursos públicos, así como la corrupción que ha afectado a algunas autoridades y políticos oficialistas (caso Fondioc). No fueron las redes sociales, menos un caso más como es el Zapata, ni la terrible oposición partidaria (muy debilitada por la persecución y amedrentamiento), sino la respuesta espontánea del ciudadano frente al estado de cosas.
En cuanto al papel y función de los medios de comunicación, éstos no hicieron otra cosa que informar de los hechos originados en el caso Zapata, al que los mismos oficialistas le dieron el carácter de un asunto de Estado, pues desde el vicepresidente, pasando por varios ministros y presidentes de las cámaras del Órgano Legislativo, le dedicaron sendas y contradictorias declaraciones sobre el asunto, convirtiéndolo en un “show” distractivo, que aún no termina, pese a que han sido encarcelados varios ciudadanos, desde el abogado defensor de la principal imputada, algún chofer, hasta parientes y allegados a la imputada, con una celeridad jurisdiccional, que en casi todos los asuntos no “oficiales” demoran años en resolverse.
Una de las últimas arremetidas vicepresidenciales fue, una vez más, contra la Iglesia Católica, ya no contra sus medios de comunicación independientes, sino contra la institución misma, pues ésta de acuerdo con sus principios de doctrina moral, rechaza las normas que tienden a legalizar el homosexualismo, motivo que con absoluta intolerancia, llevó al señor García a convocar a quienes hubieran sido víctimas de agresiones sexuales de miembros de la iglesia, antes y ahora, a denunciar, con una clara advertencia: tenemos el poder y lo utilizaremos contra toda opinión crítica, así sea de la Iglesia Católica.
La amenaza vicepresidencial afecta a la libertad de opinión, información y prensa, pues se pretende acallar a toda voz que pueda informar, opinar o referirse a algún asunto donde los intereses políticos del gobierno o de alguna autoridad estén en juego, no importan las normas de carácter internacional, como el caso de vulneración de Derechos Humanos o nacionales que se atropelle, lo que importa es el poder, su uso y abuso.
El autor es abogado y politólogo.
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