Desde hace varios años, organizaciones dedicadas al ahorro, crédito y construcción de viviendas, han tenido que sufrir intervención por parte de las autoridades debido, generalmente, a que esas empresas u organizaciones no han merecido una dirección, administración y manejo eficientes. Por su parte, la Superintendencia de Bancos que debería controlar a esas entidades, no lo hizo con la seriedad, el rigor ni la oportunidad debidas; luego, está el caso de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) que tuvo que optar por el antiguo camino con intervención a entidades que no cumplieron con las reglas establecidas, en perjuicio de ahorristas y personas necesitadas de vivienda que acudieron en pos de contraer créditos que les permita cumplir con anhelos largamente esperados.
Hace pocas semanas, ASFI intervino la Mutual La Paz debido, se explicó, al incumplimiento del plan de regularización de la ex–Mutual La Paz y se dijo que la medida obedeció a “precautelar los ahorros del público”. La autoridad de ASFI explicó que la medida “no obedece a problemas de solvencia de la entidad financiera”. Añadió que “se detectaron graves problemas como la ausencia de gobierno corporativo, además de riesgo crediticio por la insuficiente recuperación de la cartera en ejecución, cuyo hecho provocaría pérdidas a la entidad financiera, afectando su salud económica”.
Se explicó que “todas las cuentas de cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo y operaciones de crédito, serán transferidas a una entidad de intermediación financiera en las mismas condiciones contratadas”. Como era lógico esperar, todas las personas que mantenían relación financiera con la Mutual La Paz se alarmaron y casi corporativamente, exigieron la devolución de sus ahorros a más de contar con las informaciones pormenorizadas que corresponda. El problema es grave por diversas causas.
En primer lugar, hay que extrañar que la entidad reguladora del sistema bancario (Superintendencia de Bancos y ASFI) no hayan previsto el tipo de problemas que hoy se enfrenta y cabe preguntar: ¿Es que no había controles permanentes a la entidad? ¿No existen reglas que determinan su debido funcionamiento? ¿Ejercen las entidades fiscalizadoras algún tipo de control en bancos y otras organizaciones financieras que tienen que ver con el dinero y la confianza del público? ¿Para qué existen entidades de control a bancos y otras si no van a cumplir debida, oportuna y responsablemente sus deberes y responsabilidades?
El grave problema que se crea es que se siembra, en todo el público que tiene que ver con bancos y otras entidades financieras, situaciones de desconfianza, duda y temores que se agravan cuando existen este tipo de intervenciones. Otro grave problema: el personal que queda cesante, ¿qué pasará con él? Posiblemente una parte, la mínima, sea absorbida por algunos bancos, pero, ¿el resto? Queda, simplemente, sin trabajo. Finalmente, cabe preguntar ¿habrá en el futuro confianza en este tipo de entidades? El gobierno, conjuntamente ASFI, tendrán que responder clara y categóricamente a las preguntas y dudas y desconfianzas de la colectividad que ve burladas sus expectativas.
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