Los transportistas y los derechos humanos

Una especie de crónica costumbre ha hecho que el transporte público en el país decida parar actividades por cualesquiera razones; últimamente, se produjo un paro de 24 horas protagonizado por sindicatos de “trabajadores del volante” que, atenidos a que trabajan en un servicio público y que es absolutamente necesario para la población, llegaron al extremo de bloquear la ciudad de La Paz, exigiendo que las autoridades municipales “retiren medidas y disposiciones” que buscaban mejorar el servicio de minibuses, buses y otros.

Para los choferes y empresarios del transporte público, no existen derechos de la colectividad y se creen con la prerrogativa de imponer, exigir, demandar, obligar a las autoridades para que hagan sus caprichos “hasta que cedan a sus demandas”. La Alcaldía paceña, con buen criterio, ha exigido que los choferes mejoren el servicio, eviten que los minibuses sigan como latas de sardinas con muchos pasajeros a los que dan “espacios” reduciéndolos para colocar más asientos que, en la práctica, imposibilitan que el pasajero tenga alguna comodidad; a todo ello se añade que los vehículos están destartalados, sucios, despidiendo olores nauseabundos y vulnerando toda regla para evitar cobros por tramos o, también, evitando el acceso de niños y ancianos “porque son peligros por estar expuestos a accidentes”.

Lo grave de esta situación es que la Alcaldía, posiblemente de buena fe y creyendo en los compromisos de los dirigentes del transporte, cedió en aumentos tarifarios, pero con la condición de que, en plazo máximo de 90 días, mejoren la calidad de los vehículos: la mayoría de los propietarios y choferes no han cumplido con sus compromisos y, por el contrario, aumentaron sus arbitrariedades en perjuicio de los usuarios. La alcaldía tuvo el desacierto de creer que se cumplirían los compromisos y los choferes hicieron burla de los mismos e imponen que lo que comprometieron cumplir se derogue, se anule todo control y se evite reglas de urbanidad y aseo a más de cambios de asientos en los vehículos.

El paro, contundente y hecho bloqueo general, se ha cumplido en buena parte porque algunos choferes de taxis trabajaron y pocos vehículos particulares pudieron circular por algunas calles y avenidas; pero, en general, las ciudades de La Paz y El Alto quedaron paralizadas. Ante la renuencia de las Alcaldías de aceptar las imposiciones del transporte público, sus dirigentes decidieron que pararían 48 y 72 horas haciendo bloqueos y paros que obliguen a las autoridades a cumplir con las exigencias que, por supuesto, están muy lejos de respetar los derechos humanos. Lo sensible de esta situación es que la Policía que debió velar por los derechos del pueblo, no haga algo y permanezca impasible ante los abusos y todo debido a que, en política partidista, gobierno y alcaldía se encuentran en posiciones diferentes. Los derechos humanos del pueblo son sagrados y nadie, por poder que tenga, puede obstruirlos o ignorarlos.