Ejecutivo no anuló acuerdo de Andrade con Carlos Mesa

En la denuncia interpuesta por Lupe Andrade, exconcejala de la ciudad de La Paz, contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por detención ilegal y arbitraria, se conoció que el acuerdo al que llegó con el gobierno de Carlos Mesa no se cumplió en su totalidad, y que la misma tampoco fue anulada por la actual administración del Estado.

En la portada de la entidad internacional señala que se alega que se habría violado el derecho de la señora Andrade a acceder a un recurso sencillo y eficaz, a fin de cuestionar una de las medidas de prisión preventiva en su contra, en tanto el hábeas corpus presentado se habría ejecutado cinco meses después de ser resuelto y tras un proceso sumamente complejo.

Asimismo, la Comisión analizó las resoluciones sobre las medidas cautelares que fijaron las fianzas y estimó que las autoridades judiciales no motivaron de manera individualizada la fijación de los montos asignados ni tomaron en cuenta los medios económicos de la señora Andrade.

En ese sentido, alega que el Estado habría violado el derecho a la libertad personal en relación con el derecho a la propiedad privada.

RECONOCE

Gobierno reconoce que no inicio acciones para anular el acuerdo que firmó Lupe Andrade, exalcalde de La Paz, en el gobierno de Carlos Mesa. Esta instancia se presenta en los alegatos presenciales que se dieron en la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), entidad al que acudió la ex autoridad edil, por la detención arbitraria e ilegal de que fue objeto.

La pasada semana en la CIDH el equipo jurídico boliviano, liderado por el procurador general del Estado, Héctor Arce, y la defensa de Lupe Andrade, expusieron sus razones ante los jueces de la instancia internacional. Se fijó para el 26 de julio la presentación de pruebas de ambas partes.

En la audiencia se conoció el acuerdo al que había llegado Andrade con el gobierno de Carlos Mesa, que consta de tres puntos, entre ellos está el pago de 50.000 dólares y una aclaración pública de parte del Gobierno.

IRRESPONSABLE

Para Arce, el compromiso asumido por Carlos Mesa, para favorecer a Lupe Andrade, es irresponsable, según la respuesta que dio a un juez de la CIDH. Empero, tampoco explicó por qué el Gobierno actual no adoptó alguna medida judicial para anular el documento.

Según una nota de la procuraduría general del Estado, Arce pudo constatar que el 22 de diciembre de 2004, durante el gobierno de Mesa, su exministro de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Siles, llegó a un acuerdo con la exalcaldesa de La Paz, Lupe Andrade, mediante el cual fue favorecida con $us 50.000, provenientes de los “gastos reservados”.

COMISIÓN

Asimismo, la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Silvia Serrano, expuso varias violaciones a los derechos de Andrade, el principal se refiere a que no fue juzgada en el plazo razonable y que no había los argumentos para la detención preventiva, ya que asegura que la misma es por excepción y no se ajustó a regla alguna.