El contrabando, de la índole que sea, siempre causa daños no solamente a la economía de los países, sino, muy especialmente, a la moral de la colectividad. En los casos en que la ausencia de empleo permanente se hace crónica, el contrabando resulta una especie de solución a los muchos problemas que afectan a una familia por carencia de trabajo.
La agricultura se ha visto privada, en los últimos años, del desarrollo porque el contrabando de productos agropecuarios, desde países vecinos, ha incidido gravemente en el menor rendimiento y producción de las áreas rurales, puesto que el comercio ilegal lo hace en condiciones totalmente negativas para la economía legal, por la cantidad y los precios bajos que tiene, ya que a los contrabandistas que no pagan impuestos, ni propician empleo ni tienen que cubrir obligaciones sociales, les resulta cómodo recibir íntegramente el valor de sus ventas.
Desde tiempos de la Reforma Agraria, medida reforzada por la Ley INRA, el abandono de las áreas rurales por parte de campesinos y agricultores, debido a la implantación del minifundio, fue factor determinante para que disminuyan radicalmente las labores agrícolas, y lo poco que se produce en áreas más o menos extensas, no puede llegar a los mercados porque el contrabando cubre ese comercio con cantidades apreciables de productos y con precios más bajos; esto determina que el campesino se vea restringido en sus labores y sin perspectivas de solución porque los dedicados a la actividad informal se dan medios para evitar controles y, además, utilizan sistemas vedados para lograr su objetivo.
El país, como muchas naciones del Cuarto y Tercer Mundo, lucha permanentemente contra la pobreza y una labor que le permitiría vencer siquiera en parte el subdesarrollo económico-financiero sería producir cantidad con buena calidad y precios competitivos; pero le resulta difícil hacerlo por la acción de las ventas ilegales que frenan cualquier iniciativa de quienes buscan dedicar esfuerzos, iniciativas y trabajo en la poca extensión de tierra que poseen.
Conforme pasa el tiempo y cuanto más crece la actividad delictiva del contrabando, se hace más urgente que el Gobierno adopte medidas punitivas contra toda ilegalidad que se cometa en contra de la producción, el trabajo y la comercialización de productos que bien podrían copar los mercados necesitados de azúcar, arroz, trigo y otros que podrían alcanzar importante producción; pero la ausencia de garantías y apoyos, la falta de incentivos y de políticas enérgicas en contra del contrabando, los frena totalmente y no pueden expandir y mejorar su accionar de ser grandes productores.
Es, pues, urgente que el Gobierno adopte medidas radicales contra el contrabando en todas sus formas para evitar más daño a la economía nacional.
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