Un informe pormenorizado de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina expresa que las nacionalizaciones habidas en Bolivia han frenado las inversiones. Parte del documento dice: “La inversión extranjera directa (IED) de Bolivia cayó en 22% en la gestión 2015 y llegó a 503 millones de dólares, es decir 145 millones menos que en 2014”. Luego de hacer una revisión de todas las empresas expropiadas por el Gobierno indica que “todas estas nacionalizaciones y desinversiones son consideradas flujos negativos de IED que se traducen en una reducción de la inversión extranjera”.
Desde siempre, y en todos los países, se ha tenido conciencia de que las expropiaciones, nacionalizaciones, desinversiones y estatizaciones de capitales privados implican, de hecho, disminución de futuras inversiones y alejan a posibles capitales y tecnología para crear empresas o entidades que generen producción y empleo. Y es que cualquier empresa, para trabajar con tranquilidad y haciendo que su gestión sea productiva y rentable, requiere de las más amplias garantías no solamente para el capital y la tecnología invertidos, sino para que tanto los empresarios como los trabajadores produzcan con la debida tranquilidad y seguridad de que nada atentará, ni mínimamente, contra su normal desenvolvimiento y desarrollo.
Si hay algo susceptible en la economía es el capital. Los inversionistas no están dispuestos a exponer dineros en aventuras donde, casi con seguridad, se vayan a producir expropiaciones o, por lo menos, se cree dificultades para el normal desenvolvimiento. La inversión de capital extranjero en cualquier país implica no solo el dinero sino la tecnología y el capital humano porque toda iniciativa tiene que partir del principio de que son los hombres, los técnicos, los profesionales con experiencia, los que tienen que dar movilidad y seguridad al trabajo; son esos profesionales, en cualesquiera industrias (inclusive las ya instaladas) los que aplican nuevas técnicas, enseñan y entrenan al personal para conseguir eficiencia y alta rentabilidad.
Muchas son las nacionalizaciones -excepto a empresas del petróleo y gas que no fueron nacionalizadas sino que se hicieron cambios de contratos y han seguido trabajando, con la diferencia de no haber invertido más en exploración buscando nuevos prospectos petroleros y sí en explotación de hidrocarburos en campos conocidos-; pero fueron muchas otras las fuentes de riqueza y empleo que han sido estatizadas, expropiadas o nacionalizadas. Sin embargo, fueron indemnizadas y, en los casos en los que aún no se ha pagado compensaciones a esas empresas alejadas del país, esos casos están en poder de tribunales arbitrales que darán su veredicto en cualquier momento. Un ejemplo claro de ello está en la Jindal que ganó un juicio arbitral por el que es preciso pagarle 22 millones de dólares; al margen de ello, sigue otro juicio que reclama el pago de 100 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios.
El Gobierno, al propiciar o buscar nuevas inversiones, tendrá que revisar sus políticas y evitar nuevas expropiaciones si realmente se desea que capitales extranjeros lleguen al país.
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