Viviendas sin función social serán revertidas

Uno de los grandes problemas que confronta el país es la carencia de viviendas; por ello, en el presupuesto anual se destina fondos para construir casas o sitios habitables; muchas veces se ha creado descuentos a empleados y obreros con el fin de conformar un fondo que permita la construcción de viviendas baratas, que en parte se ha cumplido, pero no debido a programas bien planificados que permitan una continuidad. En los últimos años, el Gobierno anunció la entrega de viviendas a sectores necesitados de ellas; pero, según informes de las propias autoridades, no hay uso social por parte de algunos adjudicatarios que han decidido venderlas, alquilarlas o darles usos diferentes a los programados.

Que algunos beneficiados con viviendas hayan dispuesto de ellas con fines de lucro o creyeron que podían ser negociables mediante sistemas de alquiler o contratos anticréticos y hasta venta de esos inmuebles, han cometido grave delito, porque la condición era que las viviendas adjudicadas mediante programas de realización de obras del gobierno sean ocupadas por las familias necesitadas y, además, que parte de los costos que son mínimos sea pagado a largo plazo por los beneficiarios.

La venta, alquiler o cualquier forma de negociación de esos bienes implica grave falta, incumplimiento de contratos firmados previamente y no acatamiento a reglas claras que al respecto existen y que eran compromisos obligatorios, por lo que se debe investigar y sancionar no solamente con la anulación de la adjudicación, sino con otras penas que establecen las leyes y las reglas de adjudicación; de otro modo, usar las políticas del “dejar hacer y dejar pasar” podría aplicarse a muchos beneficios que otorgan los gobiernos en nombre del Estado y que son de bien social.

Correspondería, pues, que todas las viviendas que no han sido ocupadas por los adjudicatarios y sus familias, sean revertidas y asignadas a personas que esperan por largo tiempo contar con un bien inmueble donde puedan vivir conjuntamente sus familiares. Dejar pasar estas faltas sería lo más contraproducente y sentaría precedentes para que muchos otros adjudicatarios procedan de igual forma, perjudicando a quienes precisan de esos bienes, dañando la economía del medio o entidad que ha construido en cumplimiento de planes y políticas de bien social que el Gobierno adopte.

La vivienda es un bien apetecido por todos los que viven en habitaciones, departamentos, casas alquiladas, en contrato anticrético o recurren a préstamos bancarios pagando altos intereses e hipotecándose para toda la vida. La reversión y nueva asignación, con los antecedentes que se posee, debe cumplirse en todo el país, previas las investigaciones del caso para evitar equívocos que dañen a personas que realmente cumplen con el uso debido de las viviendas adjudicadas.