Malestar social versus indiferencia

En las últimas semanas pudo constatarse que en el país está creciendo el malestar social. Evidentemente, por distintas motivaciones, pero el hecho de que se produzcan casi paralelamente huelgas y movilizaciones no puede pasar desapercibido.

Las autoridades gubernamentales no tienen que minimizar el surgimiento de conflictos, peor si no son atendidos con la prontitud del caso, pues no se concilia con aquello que insistentemente reiteran, de que se hallan comprometidas en un “proceso de cambio”.

¿Cuál es entonces el cambio? Se supone que precisamente es para ocuparse de resolver con anticipación los conflictos que tengan la inminencia de estallar. Si las causas son menores o mayores, lo atinado es resolverlos antes de que produzcan huelgas y movilizaciones sociales en las calles de las ciudades del país.

De esta manera, evitar que se tenga que apelar a la represión policial, cuando el malestar social crea complicaciones no ya a las autoridades, sino a las poblaciones. Debe tenerse en cuenta que las marchas y los bloqueos no afectan precisamente a las autoridades, que están bien sentadas en sus despachos, sino a la normalidad en las actividades públicas y privadas.

El goce de los privilegios del poder no es admisible que asuma claras actitudes de falta de solidaridad y de respeto al sentir público. Más grave aún, que haya renuencia al diálogo para solucionar los conflictos sociales, por más reducidos que sean los grupos afectados. En momento alguno las autoridades pueden dejar de sentirse comprometidas con los mismos, tanto por responsabilidad de ejercer funciones públicas como por simple sentimiento humanitario.

Nadie debe sentirse ajeno a lo que le acontece al prójimo, con mayor consideración cuando confronta dificultades y limitaciones. La obligación de reaccionar de esta forma es obligatoria para quien tiene a su alcance resolver esas situaciones. La indiferencia con ellos es pecado mayor, puede que sus efectos adversos no se los sienta en el momento, pero las deudas acumuladas siempre se paga a futuro, a menos que se pierda la vida, cuanto más rápido mejor.

Uno de estos conflictos es conmovedor, es el que desde hace 73 días se lo protagoniza en esta capital, nada menos que a la vista y oídos de quienes ejercen funciones de poder. Obviamente, ante la conmiseración pública.

El caso es de las personas con discapacidad. El planteamiento que tienen para justificar sus movilizaciones es de obtener ciertamente una pequeñez, apenas Bs 500 por mes. Es evidente que sumando la cantidad de las mismas en el país se eleva bastante.

Sin embargo, a pesar de ello, la negativa presidencial a dialogar con estas personas, casi minusválidas, es sinceramente inexplicable y sorprendente, por no decir condenatoria.

Precisamente, los seres humanos tienen la capacidad del diálogo, entonces por qué no acceder a éste y, en vez de ello, se da las espaldas a gente que merece toda consideración social y humanitaria.

A través de la exposición de sus motivaciones y de las razones por las que no pueden ser satisfechas, entonces lo que procede es lograr alguna concertación. ¡Hablando se resuelven los problemas!, sostiene un adagio popular.

No proceder de esta forma equivale poco menos que vivir en las nubes, o más grave todavía, demostrar una soberbia incomprensible para el común de la gente. En el fondo, ¿a título de qué? Tal vez en lo personal tenga alguna comprensión, pero cuando se está en el ejercicio del poder es simple y llanamente inaceptable y claramente censurable.